Edición Médica

Sesión de la Comisión de Salud.

 
Redacción. Quito
La Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional continúa el análisis del Proyecto de Ley Orgánica para la Atención Integral de las Personas con Obesidad, que se tramita en segundo debate.
 
Recientemente ha recibido los aportes técnicos del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), y los especialistas Napoleón Salgado (cirujano bariátrico) y William Acosta (especialista en endocrinología, metabolismo y diabetología).
 
Los especialistas han coincidido en que la implementación de la ley debe ser progresiva y contar con una planificación presupuestaria plurianual que permita ampliar de manera sostenible el acceso a tratamientos, priorizando a los pacientes con mayores complicaciones.
 
Paola Tapia Castillo, nutricionista del Viceministerio del Deporte, ha planteado precisar el ámbito de aplicación de la norma para garantizar el acceso a tratamientos tanto en el sistema público como privado. Esto permitiría establecer parámetros claros para que la obesidad sea reconocida como una enfermedad y no como una condición de carácter estético, lo que evitaría interpretaciones que puedan limitar la cobertura de tratamientos por parte de compañías de seguros privados.
 
Asimismo, ha propuesto incorporar los determinantes sociales y económicos de la salud, reconocer a la cultura física y la actividad física como componentes de la prevención y promoción de la salud, y eliminar el término “obesidad mórbida” por considerarlo estigmatizante.
 
Además, ha recomendado priorizar intervenciones no farmacológicas, como el ejercicio terapéutico, la rehabilitación metabólica y el manejo integral del estilo de vida, con participación de profesionales especializados.
 
En el ámbito educativo, ha propuesto fortalecer actividades lúdicas, recreativas y de movimiento que incentiven la práctica cotidiana de actividad física dentro y fuera de los establecimientos educativos, con especial atención a grupos prioritarios y poblaciones en situación de vulnerabilidad.
 
De su parte, Daniel Sánchez, director ejecutivo de ARCSA, ha presentado observaciones enfocadas en cuatro ejes: prevención, atención integral, regulación y vigilancia sanitaria, y competencias y régimen sancionatorio.
 
Sánchez ha propuesto que la ley tenga un enfoque integral de prevención del sobrepeso y la obesidad, promoción de entornos saludables y protección de derechos, con responsabilidades claramente definidas para las instituciones públicas y privadas.
 
También ha sugerido fortalecer la regulación de productos, publicidad y declaraciones nutricionales o terapéuticas, así como establecer controles sobre la promoción de productos o tratamientos que carezcan de evidencia científica.
 
Sánchez recomendado precisar infracciones y sanciones, fortalecer el control de medicamentos y dispositivos médicos, y mejorar la coordinación institucional para la implementación y evaluación de la ley.
 
Desde las especialidades
 
El cirujano bariátrico Napoleón Salgado ha explicado los beneficios de la cirugía bariátrica y metabólica para determinados pacientes. Ha señalado que puede contribuir a reducir complicaciones cardiovasculares y otras enfermedades asociadas a la obesidad.
 
Ha sostenido que la red pública ya realiza estos procedimientos en algunos hospitales, pero existen limitaciones de insumos, falta de protocolos estandarizados y demoras que obligan a cancelar y reprogramar cirugías, prolongando el tiempo de espera de los pacientes.
 
Por ello ha planteado que el proyecto garantice el acceso efectivo a la atención integral de la obesidad y establezca mecanismos para evitar demoras injustificadas. Además, ha propuesto que los seguros y empresas de medicina prepagada incorporen estas prestaciones, incluida la cirugía bariátrica y metabólica y su seguimiento, sin exclusiones, incrementos de primas o condiciones especiales asociadas a la obesidad o sus comorbilidades.
 
En su turno, William Acosta, especialista en endocrinología, metabolismo y diabetología, ha resaltado que la ley debe trascender el tratamiento de una enfermedad específica y convertirse en una herramienta para transformar la salud pública del país.
 
Por lo tanto, entre sus propuestas, ha planteado actualizar las definiciones y clasificación de la obesidad, eliminar términos estigmatizantes y diferenciar entre obesidad clínica y preclínica.
 
Además, ha propuesto que el Consejo Asesor previsto en el proyecto tenga carácter científico-técnico y cuente con la participación de las sociedades científicas relacionadas con obesidad, endocrinología y cirugía bariátrica. Además, consideró indispensable contar con guías de práctica clínica actualizadas, mecanismos de acreditación y un registro de profesionales capacitados para el tratamiento especializado de la obesidad y la realización de cirugía bariátrica.

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