Edición Médica

Cristina Murgueitio, directora ejecutiva ASEDIM.

Cristina Coello. Quito
Tras la publicación del Decreto 1033, con el cual el gobierno pretende mejorar la compra corporativa de fármacos y bienes estratégicos de Salud, se ha conformado la iniciativa ‘Juntos por la Salud’ que ya ha anticipado que esa normativa generará un posible desabastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos, y será poco eficiente en el control de la corrupción.
 
En entrevista con EDICIÓNMÉDICA, Cristina Murgueitio, directora ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim), gremio que forma parte de ‘Juntos por la Salud’, ha asegurado que aplicar el Decreto “no va a controlar la corrupción, ni ahorrará al Estado 400 millones de dólares”.
 
Ha sido enfática en señalar que la falta de planificación del sistema de Salud y la carencia de controles a los oferentes (con capacidad técnica y legal) es el mayor problema del Sistema de Salud a pesar tener una normativa (Ley Orgánica de Salud y Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública).
 
Solo basta recordar la Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos de 2016-2017, donde se realizaron adquisiciones sin control, favorecieron en muchos casos la posibilidad de corrupción y “no compraron ni el ni el 50 por ciento de los medicamentos del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB)”, ha comentado Murgueitio.
 
Si no existe “un sistema de información estadística que arroje un reporte anual, semestral, mensual, semanal de las cirugías”, por ejemplo, que realizan las instituciones de la RPIS (Red Pública Integral de Salud) no se tendrá un panorama real de lo que se necesita. Actualmente se pide y se compra “sin planificación”, ha explicado.
 
La propuesta
 
De allí que, junto al Comité Empresarial Ecuatoriano, la Asedim, ha enviado una propuesta modificatoria al decreto 1033, donde hacen observaciones principalmente al modelo de gestión y la trazabilidad de los productos ya que se hace imposible ejecutarlo, tal como lo ha planteado el Ejecutivo, y tampoco rectifica los problemas de la subasta inversa. 
 
“La trazabilidad en la industria farmacéutica ya existe (saben el lugar de destino de los lotes), el problema es cuando entregas al hospital, allí deben tener un adecuado control de inventarios y modelo de gestión para saber a dónde van los productos. El decreto quiere que se incluya códigos bidimensionales” para que puedan hacer seguimiento, pero Murgueitio ha aclarado que esos códigos no son chips localizadores.
 
Pero la directiva ha recordado que eso no es competencia de la industria y que ellos ya tienen certificaciones internacionales sobre los procesos de producción, por lo cual, será poco probable que generen un empaque exclusivo para el mercado ecuatoriano.
 
A eso se suma el que, por normativa de calidad interna mundial, las empresas no autorizarán marcaje en su producto localmente, puesto que puede poner en peligro y afectar en algunos casos la esterilidad del producto.  
 
Posible desabastecimiento
 
Además, Murgueitio ha recalcado que posibles cambios en los códigos implicará altísimos costos de inversión y cambios en los sistemas digitales que requieren mucho tiempo, ante lo cual, implementar la propuesta gubernamental se hace imposible de ejecutar.
 
“La creación de un sistema de trazabilidad adecuado para el Sector Público, como instrumento de mejora de la gestión, optimización, seguimiento, transparencia es muy necesario, pero se debe tomar en cuenta la factibilidad de su aplicación en el contexto de la realidad mundial del mercado farmacéutico y de dispositivos médicos”, precisa una carta del Comité Empresarial dirigida al asesor del gabinete presidencial.
 
De allí que, Murgueitio ha insistido en que un imponer un nuevo modelo de gestión puede ser más contraproducente y hasta generar desabastecimiento en el sistema de salud. “La propuesta tiene una buena intensión, pero no refleja la realidad de los hospitales”.
 

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