Edición Médica

Comisión de Niñez y Adolescencia.

Redacción. Quito
La Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional ha conocido el informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene como objetivo garantizar un abordaje integral de la salud mental desde el sistema educativo, sanitario y comunitario.

Raúl Chávez, vicepresidente de la comisión, ha manifestado que el informe es el resultado de un trabajo técnico y consensuado, orientado al desarrollo sostenible del país desde la niñez y la adolescencia. Destacó los aportes de legisladores, autoridades y representantes de la sociedad civil, y subrayó que una ley con impacto real requiere acuerdos en lo fundamental.

Por ello, ha solicitado que se incorporen observaciones adicionales, previo a su aprobación, relacionadas con la implementación progresiva en el ámbito educativo; la razonabilidad tarifaria en los seguros privados; la delimitación de funciones de los estudiantes en prácticas preprofesionales; y la definición de políticas claras de financiamiento, con el fin de fortalecer el texto final antes de su tratamiento en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Los planteamientos

Según lo informado, la iniciativa plantea reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, a la Ley Orgánica de Salud Mental, a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), incorporando la materia obligatoria de psicoeducación en la malla curricular de las unidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales.

Además, establece la implementación de programas articulados de promoción, prevención, detección temprana y acompañamiento psicosocial, con enfoque territorial, intercultural y de género.

Asimismo, se establece la coordinación interinstitucional entre las autoridades educativas y sanitarias; la formación continua de docentes y directivos; la participación supervisada de estudiantes de Psicología en acciones preventivas; la creación de espacios comunitarios para la atención integral; y la implementación de campañas públicas de sensibilización y denuncia.

Para esto, la normativa contempla disposiciones transitorias para la aplicación progresiva de la psicoeducación a partir de 2026; la obligatoriedad de cobertura de salud mental en seguros privados y prepagados; y la creación de una plataforma nacional de datos abiertos sobre salud mental, a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación.

Adicional, propone la conformación del Consejo Consultivo Ciudadano de Salud Mental como instancia de veeduría y participación social para el seguimiento de la política pública en esta materia.

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