Edición Médica

Comisión del derecho a la Salud.

Redacción. Quito
La problemática de la discapacidad va más allá de un tema sanitario e incluye el cumplimiento de derechos, establecidos en la Constitución, de allí que las reformas a la Ley de Discapacidades debe “salir de una visión médica”, ha solicitado Karina Marín Lara, experta en estudios críticos de la discapacidad y derechos humanos.
 
En el marco de la construcción del informe para segundo debate del proyecto reformatorio a la Ley de Discapacidades, la Comisión del Derecho a la Salud, ha recibido Marín, quien ha insistido en que la política de discapacidad en Ecuador debe “ser sujeta de derechos”.
 
En ese sentido se ha referido a la relación mujeres-discapacidad que abarca a las cuidadoras que mantienen esta condición.
 
Junto a mujeres y madres de personas con discapacidad, Marín ha detallado varios aspectos que valoró como centrales. Uno es garantizar el cumplimiento de los derechos que la Constitución y la Ley de Discapacidades han asumido.
 
Ha señalado que “se evidencia a la persona con discapacidad como un problema de salud pública y no como un sujeto de derechos”, al tiempo de reiterar que ya no es posible considerar en términos médicos el asunto de la discapacidad.
 
Por ejemplo, ha citado que “una persona debe ser primero identificada como sujeto con discapacidad, mediante un documento emitido por el Ministerio de Salud Pública” y luego, cumplir un largo proceso de evaluación médica y psicológica.
 
Víctimas de discriminación
 
Entre las recomendaciones de Marín están el analizar la discapacidad considerando un enfoque múltiple de las discriminaciones que son víctimas las personas en razón de su edad, condición, sexo y genérica, así como la situación de movilidad humana.
 
Por otra parte, consideró que la sexualidad de las personas con discapacidad no puede estar delimitada solamente por una concepción médica. En ese sentido ha considerado que la Ley debe ser más explícita en lo que se refiere a la prevención de violencia sexual contra mujeres, niñas y niños con discapacidad, además de cómo estos casos son manejados desde el sistema penal, al aseverar que los índices de violencia sexual en nuestro país son alarmantes.
 
Sostuvo que algo que nunca se dice es que se trata de un tipo de agresión perpetuada de manera muy específica en contra de los cuerpos de mujeres, de niñas y niños con discapacidad
 
La Comisión analizará las propuestas planteadas en una matriz, a fin de ser consideradas dentro de los respectivos informes.

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