Edición Médica

Xavier Maldonado, coordinador de Alames, núcleo Ecuador.

Diego Mosquera. Quito
La Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames), núcleo Ecuador, ha solicitado al Ministerio de Salud (MSP) una moratoria contra la vacunación para el virus del papiloma humano (HPV).

En una carta enviada a la ministra de Salud, Margarita Guevara, Alames ha solicitado una nueva evaluación de la misma que incorpore la nueva evidencia que existe al respecto, sobre todo en lo referente a eficacia y seguridad.

Xavier Maldonado, coordinador de ALAMES Ecuador, ha explicado a REDACCIÓN MÉDICA que se debe tomar en cuenta que con los programas clásicos basados en la citología para detección temprana, la incidencia y mortalidad por cáncer invasor de cuello uterino han descendido significativamente en Quito, Manabí y otras regiones del país y del mundo, sobre todo en mujeres con mejores condiciones económicas y acceso a servicios.

En este sentido ha solicitado “garantizar la extensión de esta estrategia clásica a todas las mujeres que aun hoy están excluidas, en lugar de introducir con resultados inciertos la vacuna HPV y una prueba de detección por ADN de HPV que reemplazaría a la citología”.

“Las nuevas estrategias provocarían mayor dependencia tecnológica hacia los grandes laboratorios y otras empresas transnacionales, además de que ahondarían las inequidades, porque se excluiría más a las mujeres pobres del campo y la ciudad del acceso a estas nuevas tecnologías”, señala parte del texto de la carta.

Petición de información

Según ALAMES, Nilda Villacrés, directora ejecutiva del ‘Consejo Nacional de Salud’ Conasa, ha informado que la decisión de incorporar esta vacuna como estrategia para reducción del cáncer cérvico-uterino se sustentó en “una evaluación económica del HPV en base a un modelo realizado en otro país y otro estudio econométrico de un modelo de disminución del cáncer cérvico uterino con enfoque integral”.

Por este motivo, Maldonado ha solicitado formalmente al MSP “los estudios econométricos y la evaluación económica que hace referencia  Villacrés”, así también los análisis de eficacia y seguridad en los que se basó dicha decisión.

“Esta solicitud la hacemos amparados en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) que garantiza el derecho de la ciudadanía de acceder a la información relacionada con asuntos públicos”, ha sostenido Maldonado.

Referencias

Maldonado ha puntualizado que no hay información suficiente sobre la eficacia y seguridad de la vacuna. “Este recurso es relativamente nuevo, empezó a administrarse en el 2006 y hasta la fecha los estudios de farmacovigilancia han registrado más de 70 mil reacciones adversas, la de sarampión que empezó a utilizarse 40 años antes tiene 5 mil”, ha añadido.

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