Edición Médica

Representantes de pacientes.

Redacción. Quito
La Asociación de Pacientes con Esclerosis Múltiple y Enfermedades Desmielinizantes del Ecuador (Apemede), con representación de pacientes de las provincias de Pichincha, Guayas y Azuay, denuncia una “presunta vulneración del derecho a la salud”, debido a la falta de acceso oportuno y continuo a medicamentos indispensables para el tratamiento de la Esclerosis Múltiple y otras enfermedades desmielinizantes.
 
"Cada semana sin tratamiento representa un riesgo de daño neurológico irreversible. No estamos solicitando privilegios; exigimos el cumplimiento efectivo del derecho constitucional a la salud y la continuidad de tratamientos que no pueden ser suspendidos por problemas administrativos o de abastecimiento”, ha señalado.
 
En este sentido, la asociación ha presentado una solicitud colectiva ante las delegaciones provinciales de la Defensoría del Pueblo, para requerir su intervención urgente frente a esta problemática.
 
Apemede ha pedido a la Defensoría del Pueblo que admita la denuncia colectiva, investigue la situación de abastecimiento de medicamentos, requiera información oficial a las instituciones competentes, realice acciones de observancia y seguimiento, convoque mesas de trabajo interinstitucionales y evalúe el patrocinio constitucional correspondiente, incluyendo acciones de protección para pacientes con tratamientos que han sido interrumpidos y medidas cautelares para quienes se encuentran en riesgo inminente de perder el acceso a su medicación.
 
Según lo informado, la petición muestra que a pesar de los anuncios públicos sobre procesos de adquisición de medicamentos para enfermedades catastróficas y raras, hay un número significativo de pacientes que continúan enfrentando interrupciones en sus tratamientos, incertidumbre sobre la entrega de fármacos y ausencia de información clara respecto al abastecimiento en hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
 
La organización ha presentado un caso registrado en Cuenca el 29 de junio de 2026, en el Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga del IESS, donde pacientes habrían sido informados por la Unidad de Farmacia que no existía disponibilidad de Ocrelizumab, un medicamento de alta eficacia para el tratamiento de la Esclerosis Múltiple.
 
En este contexto, ha indicado que el plan de contingencia anunciado para garantizar la continuidad terapéutica no se ejecutó, manteniéndose el riesgo de interrupción de los tratamientos.
 
Para el colectivo, la Esclerosis Múltiple, una enfermedad neurológica crónica, autoinmune y degenerativa, requiere tratamiento continuo. Sin embargo, la suspensión o retraso de la medicación puede provocar brotes de la enfermedad, progresión de la discapacidad, pérdida de movilidad, deterioro cognitivo y afectaciones irreversibles en la calidad de vida de quienes la padecen.
 
Por esta razón, ha recordado que las personas con Esclerosis Múltiple constituyen un grupo de atención prioritaria y el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar el acceso permanente, oportuno y continuo a los tratamientos médicos que preservan su salud, autonomía y proyecto de vida.
 
Además, ha hecho un llamado a las autoridades nacionales para adoptar medidas urgentes que garanticen el abastecimiento continuo de medicamentos y evitar que más pacientes vean comprometida su salud por la interrupción de terapias esenciales.
 

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