Edición Médica

María Belén Mena (UCE) e Iván Sisa (USFQ).

Cristina Coello. Quito
Si bien una acción de protección interpuesta por el Colectivo ‘Todos por la vida’ dejó sin efecto el decreto 645, actualmente está en proceso una impugnación, con lo cual algunos salubristas se preguntan ¿qué acciones ejecutan los políticos de turno en la defensa la salud?
 
¿Dónde está la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional cuando se trata de sostener políticas públicas que vigilen la salud de la mayoría de la población, por ejemplo, con la adopción de tributos a productos nocivos como el cigarrillo (incluido el electrónico) y el alcohol? Se ha preguntado María Belén Mena, docente e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador.
 
La Asamblea debe analizar todas las particularidades de una ley ya que “Salud es transversal en todas las áreas” e involucra a muchos sectores como es el caso de la que establece impuestos a productos nocivos como son las bebidas azucaradas, cigarrillos, alcohol, armas y otros productos, ha comentado Iván Sisa, docente e investigador de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

En abril del año pasado, el Colectivo ‘Todos por la vida’ ganó una acción de protección que dejó sin efecto el decreto 645 con la cual ex presidente Guillermo Lasso dispuso la reducción de impuestos a cigarrillos, bebidas azucaradas y otros productos.
 
En ese sentido, el Journal of Global Health (JOGH) publicó un artículo de Sisa y Mena, donde se ha recordado el activismo de varios grupos de la sociedad civil y el de los sanitarios en defensa de políticas públicas que promuevan el derecho a la salud.
 
En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, Mena ha considerado que ese primer triunfo en los tribunales constituye un precedente en este tipo de acciones judiciales que defienden la salud de las personas.
 
Los dos investigadores han dejado claro en la publicación su preocupación por la facilidad con la que los gobiernos alteran importantes normativas, en este caso tributarias, a productos nocivos que en muchos países y en específico en la región de las Américas son muy reguladas.
 
Para Mena, esta discrecionalidad con que manosean algunas políticas sanitarias, cuya elaboración implicó también “una lucha” previa para su aprobación, solo revelan los escasos o nulos criterios técnicos y los intereses económicos de algunos industriales.
 
Fue una lucha exitosa, pero se requiere otra acción política (de la Asamblea Nacional) que también defienda los logros en derechos a la salud. “Lo triste es que se ganó (al expresidente) pero el nuevo presidente volvió a bajar esos impuestos”, ha criticado la investigadora.
 
Por su parte, Sisa ha comentado que la publicación hace una revisión de lo que ha sido la experiencia de los impuestos a los factores dietéticos dañinos o como la Organización Mundial de la Salud los llama: impuestos saludables.
 
Él insiste en la abundante evidencia científica de los beneficios de eso impuestos que previenen muertes por enfermedades y ahorra recursos al sistema de salud. Y en ese sentido ha resaltado las acciones judiciales del colectivo las cuales son “lecciones aprendas” que pueden ser de utilidad a otros países o grupos en “luchas similares”, así como insumos para los tomadores de decisiones como, por ejemplo, la Corte Constitucional.
 
El desafío actual
 
Para Mena, el reto y desafío actual es modificar esa reforma tributaria y también dejar de buscar soluciones en las cortes. “No podemos seguir jugando al gato y al ratón cada vez que algún mandatario se le ocurra modificar el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE)” por una crisis nacional, terremoto u otro.
 
Por un lado “hay que repensar esta reforma tributaria ya que necesitamos leyes estables” y por otro la asamblea nacional también tome en cuenta el factor Salud porque “los impuestos, en este caso, no deberían reducirse, más bien deben ser progresivos”, ha insistido Mena.

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