Edición Médica

Las clínicas también sostienen problemas de liquidez.

Redacción. Quito
El Ministerio de Salud Pública (MSP) no cumplió en el plazo comprometido la implementación de una plataforma web oficial y unificada de denuncias, ha reclamado el Frente de Pacientes Renales del Ecuador.
 
En un pronunciamiento público, la agrupación ha señalado que la herramienta debía contar con un botón visible en el portal principal del ministerio y estar lista el 10 de septiembre. Con ello se buscaba registrar anomalías como desabastecimiento de insumos, suspensión de diálisis y desabastecimiento de fármacos inmunosupresores (para trasplantados) en un tiempo máximo de respuesta de tres días.
 
Según han denunciado, la inacción institucional agrava la vulnerabilidad de miles de usuarios dependientes de terapias sustitutivas de función renal en el país.
 
El incumplimiento ocurre en un escenario donde la mora estatal ahoga la operación de los centros especializados. Las clínicas dializadoras han reportado atrasos que alcanzan hasta los 26 meses por parte del MSP y 12 meses por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
   
A decir de las clínicas, la cartera vencida conjunta asciende a aproximadamente 10,7 millones de dólares y esa falta de liquidez ha provocado desabastecimiento de insumos, reducción de personal, exigencias de cobro al contado por parte de proveedores y recortes de jornadas de tratamiento (de cuatro a tres horas o menos, o reducción a dos sesiones semanales) en provincias como Los Ríos, Pichincha, Guayas y Azuay.
 
Desde el Frente de Pacientes Renales del Ecuador han responsabilizado a las autoridades y a los prestadores privados por la interrupción o restricción del servicio.

En su pronunciamiento oficial, la organización manifiesta que "resulta indignante y cruel que se nos utilice como moneda de cambio e instrumentos de presión para resolver disputas económicas entre las clínicas y el Estado. La interrupción de una sola sesión no es un simple retraso administrativo, sino una amenaza directa a nuestra supervivencia".
 
Así mismos, lo pacientes han condenado los presuntos condicionamientos y solicitudes irregulares detectadas en las unidades de atención y denuncian que “existen casos críticos donde los pacientes se ven obligados a comprar los insumos para sus propias diálisis, organizar colectas para adquirir medicinas o, incluso, firmar documentos bajo coacción para no perder su atención médica".

Finalmente han denunciado y rechazado una supuesta intimidación, al exigirles "permisos para protestar".
 
La agrupación ha considerado “inhumano intentar silenciar a quienes se debaten entre la vida y la muerte; no pediremos permiso gubernamental para exigir nuestro derecho constitucional a la salud”, han sido enfáticos en señalar.

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