Edición Médica

Pablo Celi de la Torre, contralor general del Estado.

Redacción. Quito
El contralor general del Estado, Pablo Celi de la Torre, ha presentado los resultados de las acciones de control ejecutadas en el marco del plan emergente de control realizado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que analizaron los estudios actuariales, infraestructura hospitalaria, equipos y medicamentos, administración de fondos y talento humano.
 
Como resultado de este trabajo se han predeterminado responsabilidades administrativas por más de 1 millón de dólares. Además, se han establecido posibles glosas por 88 millones de dólares, así como la destitución de 60 funcionarios. También se remitieron a la Fiscalía 9 informes con indicios de responsabilidad penal, ha indicado la Contraloría en un comunicado.
 
De acuerdo a lo informado, el plan de control contempla 44 auditorías, de las cuales 19 fueron aprobadas y 25 se encuentran en ejecución
 
Adquisición de medicamentos
 
La Contraloría ha indicado que en el examen especial a la adquisición de medicamentos, fármacos, insumos y dispositivos médicos se encontró que no se canjearon ni devolvieron medicamentos caducados para el tratamiento de diabetes, cáncer y VIH.
 
Tampoco se cobraron multas por 2,2 millones de dólares debido a incumplimientos contractuales.
 
Análisis de hospitales
 
En el ámbito de infraestructura hospitalaria, adquisición de bienes y servicios se ha analizado la construcción, fiscalización, equipamiento y mobiliario de los hospitales de Los Ceibos, Machala, San Francisco, Quito Sur y el centro médico La Mariscal de Quito. Asimismo, se ha observado los procesos de la Secretaría Técnica de Contratación y Subdirección Nacional de Compras Públicas y Lote Cien del BIESS.
 
De esta manera, se ha concluido que las contrataciones bajo Régimen Especial se dieron sin sustentos técnicos, económicos, ni legales. Tampoco se contó con estudios completos, definitivos, actualizados, ni se revisaron planos, cantidades de obras y especificaciones técnicas necesarias para el funcionamiento adecuado del hospital.
 
Además, se pagó en exceso y no se cobraron multas por incumplimientos en cronogramas de trabajo, ha detallado la Contraloría.
 
Administración de fondos
 
Sobre las administradoras de fondos, el análisis de los equipos de auditoría cubrió las operaciones administrativas y financieras en los fondos de Riesgos del Trabajo, Salud Individual y Familias, Pensiones y Seguro Social Campesino.
 
Al respecto se ha encontrado que aún no se establece el monto de la deuda que mantiene el Estado con el IESS. Tampoco se ha definido la forma de pago. Además, para cubrir las modificaciones en tasas de aportación y la eliminación del 40 por ciento del aporte estatal, se han efectuado desinversiones que afectaron la sostenibilidad de los fondos.
 
En cuanto a las inversiones de los fondos, se ha identificado que están concentradas en Títulos de Deuda emitidos por el Ministerio de Finanzas.
 
Administración del talento humano
 
Sobre la administración del talento humano en el IESS, la Contraloría ha revelado que se realizaron descuentos en las nóminas mensuales sin autorización de los servidores. Estos recursos fueron transferidos a movimientos políticos y a funcionarios de la institución.
 
Además, se ha contratado personal que no cumplió los requisitos legales para ocupar cargos en el nivel jerárquico superior de la entidad y se pagaron remuneraciones y valores de afiliación a exfuncionarios de la entidad.
 
Estudios actuariales
 
Sobre los estudios actuariales, sin sustento legal las autoridades del IESS los declararon reservados, además que no se aplicaron las medidas para mantener la sostenibilidad y el equilibrio financiero de los fondos.
 
“No se aplicaron metodologías actuariales adecuadas, ocasionando subestimación del déficit actuarial en el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte para el año 2053, en al menos 124 mil millones de dólares. Una situación similar se evidenció en el déficit actuarial del Fondo del Seguro General de Salud Individual y Familiar, estimado en 14 mil millones de dólares”, ha indicado la Contraloría.

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