ADMINISTRACIÓN LEGISLATIVA
CAL califica nuevo proyecto de ley sobre alimentación saludable
La iniciativa será tratada por la Comisión de Salud
Sesión del CAL.
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Redacción. Quito
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) ha calificado dos proyectos de ley, presentados por el presidente de la República, Daniel Noboa Azin, y el asambleísta Andrés Castillo, por lo que ha dispuesto su trámite en las comisiones especializadas correspondientes.
Uno de ellos es el
Proyecto de Ley de Fomento a la Alimentación Saludable y al Consumo de Proteína de Alto Valor Biológico, presentado por el asambleísta Andrés Castillo. Este será tratado por la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte, que deberá unificarlo con otras iniciativas afines, de ser el caso, conforme a la normativa vigente, ha informado la Asamblea.
El objetivo de este proyecto de ley es “promover una alimentación saludable con énfasis en la ingesta de proteína de alto valor biológico, particularmente de origen animal, como componente prioritario de una dieta equilibrada”.
La segunda propuesta aprobado es el
Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Pública y del Estado para Regular el Régimen Sancionador del Permiso Anual de Funcionamiento, una iniciativa del Ejecutivo. Esta ha sido asignada a la Comisión de Seguridad Integral, que deberá unificarlo con otras iniciativas de la misma materia, de ser el caso, conforme a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Según la Asamblea, la propuesta
regula los permisos de funcionamiento de establecimientos que ofrecen alojamiento, restaurantes y otros lugares donde se consumen o expenden alimentos y bebidas alcohólicas, siempre que no estén sujetos a la Ley de Turismo y su reglamento.
El proyecto establece las condiciones para emitir estos permisos y las sanciones administrativas aplicables, en cumplimiento de la sentencia N.º 6-22-IA/26 de la Corte Constitucional y del principio de reserva de ley.
De acuerdo a lo indicado, las infracciones van desde leves hasta graves y muy graves, con sanciones de clausura de hasta 15, 30 y 90 días, respectivamente.
Asimismo, se contempla la
revocatoria del permiso y la clausura definitiva ante una nueva infracción muy grave, bajo las condiciones previstas en la propuesta.
También se regulan la clausura provisional durante los operativos de control, el procedimiento para levantar los sellos de clausura y la aplicación del régimen sancionador conforme al Código Orgánico Administrativo.