Edición Médica

Presentación del informe regional en la en CSW70.

Redacción. Quito
Un nuevo estudio regional ha informado que América Latina ha dado pasos importantes en el reconocimiento legal de los derechos de las mujeres y las diversidades, sin embargo, estos avances no son aún garantías suficientes y efectivas para vivir una vida libre de violencias.
 
El Informe Regional de Acceso a la Justicia 2022–2024 ha sido elaborado por las organizaciones que integran la Articulación Regional Feminista (ARF), las cuales han realizado análisis de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú.
 
Según el informe, en Ecuador el 65 por ciento de las mujeres han experimentado por lo menos un hecho de violencia a lo largo de su vida y, en los últimos doce meses, la violencia ejercida por pareja o expareja alcanzó el 17.98 por ciento y el 12 por ciento en violencia sexual, a pesar de las normativas existentes para prevenir cualquier tipo de violencia.
 
“Desde la Articulación Regional Feminista analizamos la situación de la violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia en siete países de América Latina. El análisis muestra una paradoja: aunque la región ha logrado avances importantes en materia legislativa, estos avances no se han traducido necesariamente en transformaciones reales que permitan a las mujeres y las diversidades gozar del derecho a vivir una vida libre de violencias”, ha mencionado Agustina Rossi, investigadora de ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, de Argentina.
 
El informe ha identificado una brecha persistente entre los derechos reconocidos y las posibilidades reales de ejercerlos.
 
Durante el periodo analizado, los siete países han enfrentado distintos niveles de debilitamiento institucional, restricciones presupuestarias, dificultades para acceder a la justicia y problemas para contar con información pública suficiente sobre la situación de las mujeres.
 
En este sentido, se han identificado cuatro problemas que se repiten, con diferentes características, en los países estudiados.
 
- Distancia entre las leyes y su implementación. La existencia de normas y políticas no siempre está acompañada de los recursos necesarios para hacerlas efectivas. Presupuestos insuficientes, falta de coordinación institucional, recursos humanos limitados y mecanismos débiles de seguimiento dificultan su cumplimiento.
 
- Debilitamiento de la institucionalidad de género. Los cambios en las prioridades de los gobiernos y los recortes presupuestarios pueden traducirse en el cierre o debilitamiento de programas y servicios destinados a prevenir y atender las violencias contra las mujeres.
 
- Barreras para acceder a la justicia. Medidas de protección insuficientes, procesos de revictimización, falta de especialización y altos niveles de impunidad continúan limitando la respuesta institucional frente a las violencias.
 
- Falta de información suficiente para tomar decisiones. La ausencia de sistemas públicos, sólidos y comparables dificulta identificar qué políticas funcionan, dónde persisten las principales brechas y qué debe corregirse.
 
Adicional, estas dificultades no se limitan a problemas de implementación. En algunos países también se han producido decisiones que afectan directamente la capacidad institucional para garantizar los derechos de las mujeres.
 
Frente a los retrocesos, en el informe se han recomendado 19 buenas prácticas desarrolladas por organizaciones feministas en los siete países, que muestran diferentes formas de producir información, hacer seguimiento a las políticas públicas, acudir a la justicia, realizar incidencia y fortalecer el trabajo con las comunidades.
 
“Frente a estos escenarios, también es importante reconocer las respuestas que se están construyendo desde las organizaciones. Las buenas prácticas que recoge este informe muestran que hay experiencias, herramientas y aprendizajes que pueden contribuir a sostener los avances y a seguir fortaleciendo las garantías para las mujeres. Documentar estas experiencias y compartirlas entre países también es una forma de seguir avanzando”, he señalado Adriana Benjumea, directora de Corporación Humanas Colombia e integrante de la Articulación Regional Feminista.
 
El informe ha concluido que en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú hay una brecha persistente y profunda entre los compromisos normativos asumidos y la garantía efectiva del derecho de las mujeres y las diversidades a una vida libre de violencia.
 

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