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COMISIÓN DE SALUD
Recomiendan fortalecer la seguridad jurídica de la Ley sobre la Eutanasia
Avanza la construcción de la normativa
Lunes, 08 de junio de 2026, a las 12:46
Comisin de Salud.

Comisión de Salud.


Redacción. Quito
La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional ha continuado el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica de la Eutanasia mediante la recepción de observaciones técnicas y jurídicas de especialistas convocados para aportar al proceso de construcción normativa impulsado por el Legislativo.
 
El presidente de la comisión, Juan José Reyes, ha recordado que el tratamiento de esta iniciativa responde al mandato de la Corte Constitucional, que ha dispuesto la necesidad de establecer un marco normativo para regular los procedimientos relacionados con la eutanasia en el Ecuador.
 
En la sesión ha comparecido Osvaldo Santos Dávalos, docente del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), ha presentado observaciones de carácter filosófico, jurídico y procedimental, manifestando su desacuerdo con la legalización de la eutanasia y advirtiendo sobre posibles riesgos en su aplicación.
 
Además, ha señalado que el ordenamiento jurídico ecuatoriano ya contempla mecanismos de protección de la vida, por lo que ha cuestionado la existencia de un vacío normativo en esta materia.
 
Por su parte, Daniel Voldova Marzo, profesor e investigador especializado en Derecho Penal y Derecho Comparado, ha destacado la necesidad de incorporar una definición más precisa sobre la capacidad legal requerida para solicitar este procedimiento, con el propósito de fortalecer la seguridad jurídica y prevenir controversias en casos complejos.
 
Además, ha formulado recomendaciones relacionadas con la regulación de la objeción de conciencia del personal sanitario, incluyendo mecanismos que garanticen tanto este derecho como el acceso efectivo a las prestaciones previstas en la ley.
 
En este contexto, ha realizado observaciones respecto de las reformas propuestas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), particularmente sobre las responsabilidades penales vinculadas a la ocultación de documentos de voluntad anticipada. En ese sentido, consideró necesario revisar la proporcionalidad de las sanciones contempladas en el proyecto.



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