Edición Médica

Representantes de dos gremios comparecieron en la Comisión de Fiscalización.

Redacción. Quito
La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional ha resuelto solicitar información a las autoridades de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) respecto del cumplimiento de la Ley Humanitaria, en lo relacionado con la garantía de estabilidad laboral a favor de  los médicos residentes y posgradistas.
 
Representantes del Colectivo Residentes Unidos por el Cambio (RUPC), que aglutina a médicos residentes del Hospital General del IESS de Ambato, y  Santiago Zúñiga Ojeda, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Médicos Postgradistas  (SEMP) denunciaron en la comisión que hasta el momento no se han iniciado los concursos para el otorgamiento de los nombramientos definitivos.
 
El artículo 25 de la Ley Humanitaria establece como excepción, y por esta ocasión, que los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del coronavirus (CoVID19) con un contrato ocasional o nombramiento provisional en cualquier cargo, en algún centro de atención sanitaria de la Red Integral Pública de Salud (RIPS) y sus respectivas redes complementarias, previo concurso de méritos y oposición, se los declarará ganadores del respectivo concurso público y, en consecuencia, se procederá con el otorgamiento inmediato del nombramiento definitivo.
 
Sin embargo, esto aún no ha sucedido ni mucho menos las autoridades de salud se han pronunciado al respecto.
 
Santiago Zúñiga Ojeda, presidente de la SEMP, ha explicado que la situación que afronta este sector es más crítica desde que inició la pandemia.
 
“Es impresionante cómo las autoridades, pese a existir una ley clara, deciden no aplicarla y nadie dice nada. Nos preguntamos qué tiene que pasar para que las instancias responsables tomen en serio lo que pasa con la salud en Ecuador”, ha enfatizado.
 
Ha señalado que son 3.505 posgradistas los que sienten violentados sus derechos, por lo que buscan de la Asamblea se les preste el apoyo necesario para que las autoridades cumplan con la ley y hagan justicia con los servidores de la salud.
 
José Villacreces, en representación de RUPC, ha asegurado que afrontan una crítica situación, no solo por la falta de insumos médicos y demás implementos necesarios para una atención digna a los pacientes y para evitar el contagio de CoVID19, sino porque son víctimas de amenazas permanentes de un posible despido, si es que hacen público su malestar y descontento.
 
“Nosotros, de nuestro propio bolsillo, debemos comprar los equipos e insumos para protegernos del virus”, ha asegurado.
 
Además, ha señalado que a pesar de que en otras unidades de salud del país ya se han iniciado los procesos para la entrega de los nombramientos definitivos para el personal que está en primera línea de la lucha contra la crisis sanitaria, en el Hospital General del IESS de Ambato no se ha dado ninguna información al respecto, incumpliendo lo dispuesto en la Ley Humanitaria.
 
Estas expresiones fueron confirmadas por sus compañeros Édison Zambrano y Jorge Lamiña.
 
Desde la comisión
 
“Es indignante recibir estas denuncias que pensamos estaban superadas: falta de equipamiento médico, carga laboral que expone la salud del personal, inaplicación o interpretación de la Ley Humanitaria. No están solos, cuenten con nosotros”, ha dicho La presidenta del organismo parlamentario, Johanna Cedeño.
 
Cedeño se ha comprometido a la Comisión a seguir un proceso de control político en torno al cumplimiento de la Ley, más aún, cuando fue desde la propia Comisión de Fiscalización que se incluyó en la Ley Humanitaria las disposiciones que garantizan la estabilidad laboral de los servidores del sector salud.
 
Entre tanto, la asambleísta María José Carrión ha manifestado que ha iniciado un proceso para recolectar información de las diferentes autoridades sobre el cumplimiento de la Ley Humanitaria.
 
En el caso del IESS, el presidente Jorge Wated, se ha comprometido a recontratar a las personas que fueron desvinculadas, así como a iniciar los procesos para la selección del personal que optará por los nombramientos definitivos, de conformidad con lo previsto en la referida normativa.

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