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María de Lourdes Velasco, presidenta de la FEDE. |
Redacción. Quito
En un manifiesto publicado en sus redes sociales, la Federación Ecuatoriana de Enfermeras (FEDE) ha exigido al Gobierno del presidente Daniel Noboa y a su nuevo ministro de Salud Jaime Bernabé Erazo dejar sin efecto “inmediatamente” las desvinculaciones de personal sanitario del Ministerio de Salud Pública (MSP).
El gremio ha asegurado que los despidos “son ilegales y se contraponen con lo que exige la Ley”, por ello le han solicitado al flamante ministro reintegrar a todo ese talento humano en salud desvinculado.
Por otro lado, las enfermeras han sido enfáticas en señalar que es necesaria una restructuración de las Unidades Administrativas de Talento Humano (UATH) del MSP.
Para la FEDE esas unidades deben estar integradas con urgencia “en un 50 por ciento por profesionales de la salud con formación en administración y otro 50 por ciento por ingenieros administrativos con formación en salud pública” para una “gestión inteligente” del personal de salud.
Han hecho esa propuesta porque para la FEDE los últimos despidos no son “un ajuste administrativo inofensivo” ni es una forma de “optimización del recuso humano “por duplicidad de funciones, por aquello no se ha comprobado “con evidencia”.
“Lo que sí se puede probar es la existencia de alarmantes brechas (déficit) en la demanda de profesionales de la salud y particularmente de enfermeras/os”, ha recalcado la FEDE.
Efectos de los despidos son cuantificables
Para la FEDE la desvinculación de personal en áreas asistenciales “se traduce en efectos alarmantes que son cuantificables” entre ellos están:
- Reducción de la disponibilidad de atención sanitaria por disminución de turnos de atención al paciente efectivos.
- Aumento del tiempo de espera para atención sanitaria. Sobrecarga laboral.
- Afectación en la continuidad de tratamientos, particularmente en pacientes que presentan enfermedades crónicas o en procesos de alta demanda.
- Incremento de costos por horas extras, contratación emergente, reprogramaciones y eventual judicialización, cuando se vulneran derechos o se afecta la prestación de servicios.
Finalmente, el gremio ha convocado a “la unidad” de las y los enfermeros y adelantó que organiza “otras acciones estratégicas”.
