Edición Médica

José Eras, presidente de la FME.

Redacción. Quito
La Federación Médica Ecuatoriana (FME) ha decidido suspender los diálogos que mantenía con el Ministerio de Salud Pública (MSP) por una supuesta intención de regular la adquisición de medicamentos destinados al tratamiento de las enfermedades raras.
 
En un comunicado difundido por redes sociales, la FME señala que la ministra, Verónica Espinosa, emitió el “Acuerdo Ministerial 0108-2017 de 4 de agosto de 2017, publicado en el Registro Oficial Nº 60 (Primer Suplemento) del 18 del mismo mes y año, con la supuesta intención de regular la adquisición de medicamentos destinados al tratamiento de las enfermedades raras”.
 
En esa norma “inconsulta y ofensiva”, se dispone que el médico por cada prescripción, deberá presentar una declaración juramentada en la que manifieste no tener conflicto de intereses con los fabricantes y que “no ha recibido cualquier tipo de beneficio por parte de la industria farmacéutica”, señala su misiva.
 
Además, reclaman por una disposición en la que se dispone al médico tratante ser el encargado de explicar al paciente el proceso burocrático y el tiempo que conllevará para que la solicitud sea aceptada o rechazada.
 
Según el gremio, “la pretensión del MSP es ofensiva, en tanto sugiere una complicidad entre los médicos y la industria, el intercambio de dádivas y la perversa utilización de los pacientes para fines inconfesables”.
 
Han considerado que “con una norma desatinada, se está trasladando al médico la responsabilidad del MSP y sus burócratas, de informar a los ciudadanos el porqué de la prolongada espera y la posibilidad de aprobación o rechazo de sus requerimientos, lo cual generará los justos reclamos de los pacientes contra quien ejerce su profesión en la práctica real, distante del despacho ministerial”.
 
La FME cree que “con el pretexto de la transparencia se pone al médico en peligro, pues la simple asistencia a una conferencia que cuente con el auspicio de una empresa, ya constituye conflicto de intereses y el no declararlo supondrá perjurio y derivará en la privación de la libertad, al tenor de lo que establece el Código Orgánico Integral Penal”.
 
“En todo caso, esta trágica posición ministerial terminará afectando a los pacientes portadores de enfermedades raras, porque la atención a sus necesidades se verá dilatada en el tiempo, pues las solicitudes de inclusión solo pueden ser ingresadas dos veces al año. No es difícil deducir que, con esta norma, lo que se busca es un pretexto para no atender la demanda de los pacientes”, ha considerado el gremio.
 
Por ello ha rechazado el acuerdo y solicitaron al presidente de la República, Lenín Moreno, “una inmediata corrección”, para proseguir con los diálogos intersectoriales.

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