Edición Médica

Wilson Tenorio, vicepresidente del CMG, y Ernesto Carrasco, presidente de la FME.

Jonathan Veletanga. Quito
El Colegio de Médicos del Guayas (CMG) en conjunto con la Federación Médica Ecuatoriana (FME), ha anunciado una acción de protección condicional a favor de los concursos de méritos y oposición para cargos médicos, pues considera que es inconstitucional la Norma Técnica Para la Aplicación de la Disposición Undécima a la Ley Orgánica del Servicio Público, expedida mediante el acuerdo ministerial MDT -2017-0192 del Ministerio del Trabajo, y que crea el reglamento para los concursos cerrados.
 
“Como gremio organizado de la provincia del Guayas estamos preocupados por la situación laboral de cerca de 1.600 profesionales de salud, a quienes se les quiere a un convocar a un concurso (de méritos y oposición) sin las debidas garantías”, ha dicho Wilson Tenorio, vicepresidente del CMG, en entrevista con REDACCIÓN MEDICA.
 
Sin embargo, a su decir, esta norma afectaría a la estabilidad laboral de más de 4.500 médicos a nivel nacional, quienes trabajan más de 4 años ininterrumpidamente en una institución pública.
 
Tenorio ha asegurado que esta norma técnica viola los principios de seguridad jurídica: libertad, igualdad y transparencia, porque, entre otras cosas, no establece que se publiquen y de a conocer el banco de preguntas, previo a un concurso de meritos y opción cerrado.
 
“Quienes hayan laborado por más de 4 años ininterrumpidamente en una institución pública pueden optar por un concurso cerrado para obtener nombramiento definitiva, así lo determina la ley. Por ello, es fundamental que se den a conocer las reglas del juego (banco de preguntas)”, ha insistido el galeno.
 
Por este motivo, el objetivo de la medida anunciada es que se cambie la norma técnica para que se publique con antelación el banco de preguntas, a fin que los profesionales de la salud puedan prepararse adecuadamente.
 
De no ser escuchados, el gremio de médicos ha adelantado que presentará una acción de inconstitucionalidad en contra esa norma técnica, ya que por la situación actual del país se podría utilizar esta figura como una herramienta para reducir las partidas de muchos cargos en las entidades públicas.

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