Edición Médica

Fiscalía inicio una investigación en diciembre de 2017.

Redacción. Quito  
La Fiscalía del Guayas ha vinculado a dos exfuncionarios del Hospital Universitario de Guayaquil a la investigación sobre presunto cometimiento del delito de peculado, que habría ocasionado un perjuicio al Estado de cerca de 75.000 dólares en la compra de medicamentos e insumos médicos, destinados al área de laboratorio, durante el 2013.
 
Para los procesados Arturo B. A. y Gonzalo E. A. (responsable de la Unidad de Gestión Interna y director Administrativo del Hospital Universitario, respectivamente), la jueza de Garantías Penales, Mónica Caicedo, ha dictado como medidas cautelares la presentación cada quince días ante Fiscalía, prohibición de salida del país y de enajenar bienes por 50.000 dólares.
 
En la audiencia de vinculación, el fiscal César Suárez Pilay ha presentado como elementos de convicción el Informe con Indicio de Responsabilidad emitido por la Contralaría General del Estado, el informe y la pericia contable que determinan un sobreprecio de cerca de 25.000 dólares por un contrato de 75.044,03 dólares para la compra de insumos, los informes de contratación pública, copias certificadas del contrato investigado remitido por el Ministerio de Salud (MSP), el informe del Servicio de Contratación Pública, las versiones de los auditores de la Contraloría General del Estado y peritos contables, y los informes investigativos de inspección ocular técnica de Criminalística de la Policía Nacional.
 
En este sentido, la Fiscalía ha informado que la instrucción fiscal se extiende por treinta días más.
 
Contexto
 
Fiscalía inicio una investigación en diciembre de 2017, después de la emisión de un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal por parte de la Contraloría General del Estado, por un presunto perjuicio de cerca de 25.000 dólares en un contrato de adquisición de insumos médicos consistentes en compra de reactivos químicos para el área de laboratorio del Hospital General Universitario.
 
Según la Contraloría y las investigaciones de Fiscalía, existiría un presunto perjuicio económico en el contrato que asciende a 75.044,03 dólares para la adquisición de insumos, reactivos y consumibles para equipo de apoyo tecnológico, en el que estarían involucrados varios exfuncionarios de dicha casa de salud, así como el proveedor de la empresa investigada.
 
El pasado 3 de agosto de 2021, cuatro personas ya fueron procesadas por presunto peculado, entre ellas, José María P. D. (exgerente de la casa de salud), Maritza Isabel M. T. (delegada de la máxima autoridad hospitalaria), Jorge Enrique S. N., (en calidad de jefe de Compras Públicas) y David Stalin D. A. (proveedor de la empresa MEGALAB).
 
En esa audiencia, a todos los procesados les dictaron medidas cautelares de presentación ante la autoridad judicial cada quince días, la prohibición de salida del país y la acción de enajenar bienes por 50.000 dólares.

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