Edición Médica

Primera sesión del año.

Redacción. Quito
La Asamblea Nacional (AN) ha iniciado el primer debate a las reformas al Código Orgánico Penal que incluye, entre otros temas, sancionar la comercialización de medicamentos caducados o falsificados; el aborto no punible por violación; y el uso del cannabis para uso terapéutico.
 
La presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga, ha señalado que su grupo legislativo ha tomado en cuenta las recomendaciones de comités de derechos humanos como Cedaw, Unicef, ONU, Organización Panamericana y Mundial de la Salud, que han recomendado despenalizar el aborto en casos de violación.
 
“Esta reforma no obliga a la mujer a practicar un aborto”, ha aclarado. “La finalidad es evitar la revictimización y reducir la tasa de mortalidad, pues según el Ministerio de Salud Pública (MSP) el 15,6 por ciento de muertes maternas se relacionan con abortos clandestinos.
 
Por otra parte, ha recordado que la comisión estudió alrededor de 80 propuestas de reformas, donde se sugiere el uso del cannabis para uso terapéutico, paliativos, medicinales o para el ejercicio de la medicina alternativa. También, se ponen reglas claras para sancionar la comercialización dolosa de medicamentos caducados y falsificados.
 
En el informe final, según Aguiñaga, se reafirma la imprescriptibilidad de delitos contra la integridad sexual y reproductiva de niños, niñas y adolescentes. Se incluye el juzgamiento en ausencia de la persona acusada.
 
En el pleno
 
En el inicio del análisis de las reformas, Bernarda Ordoñez, en representación de mujeres con voz, ha considerado que "el aborto no es un tema controversial o polémico, es una dolorosa realidad que se escapa al derecho y que la viven miles de mujeres y niñas en el Ecuador”.
 
La activista ha considerado que legalizar el aborto “es un tema de derechos humanos” y planteó que la defensa de la vida no puede convertirse en una herramienta para obligar a una mujer a mantener un embarazo producto de una violación.
 
“Se trata de poder decidir” y ha insistido que las agrupaciones que defienden el tema están “a favor de la vida, de las niñas y mujeres víctimas de una violación”.
 
No obstante, Pablo Crespo, de la Red Vida y Familia Ecuador; y, Martha Villafuerte, de la Red Familiar de Guayaquil, han reclamado ante los legisladores que se debe respetar la vida desde su concepción y además se abogó por una ley que proteja la familia.
 
Por su parte, el genetista César Paz y Miño ha considerado que el aborto es un problema de salud pública. Ha recordado que, según las estadísticas, entre el 50 al 60 por ciento de violaciones sexuales a menores son perpetradas por personas cercanas de la familia y otro 37 por ciento por padres. El resto por desconocidos.
 
Es así que “hay problemas directos que involucran a la genética en una violación”. Advirtió que los cruces genéticos entre parientes cercanos duplican riesgo de que se unan genes alterados y provoquen problemas mal formativos de leves a graves y enfermedades genéticas. El experto ha señalado que el 27 por ciento de violaciones estarían asociadas a infecciones que producen malformaciones.
 
Por su parte, Gabriel Buitrón, de Ecuador Cannábico, ha defendido el uso del cannabis como una alternativa para paliar problemas de salud como el cáncer o la epilepsia refractaria.
 

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