Edición Médica

Berenice Cordero, ministra de Inclusión Social.

Redacción. Quito
El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), la Secretaría de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII) ha iniciado la capacitación a 5 mil operadores del denominado “sistema especializado de protección de derechos humanos” en 221 cantones del país, con el apoyo de la academia, se ha informado oficialmente.
 
El MIES ha determinado la necesidad de “contar con operadores sensibles y especializados para la atención, prevención y restitución de derechos de las niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultas mayores que son víctimas de violencia”
 
Berenice Cordero, titular del MIES, ha reconocido la “deuda del sistema de protección de justicia, el tema de la especialidad es crítico para el tratamiento de las violencias con las niñas, niños, adolescentes y mujeres”.
 
“Durante los últimos 12 años, el país tiene dificultades en la gestión de la política de prevención y atención de la violencia a la niñez y adolescencia, no ha sido capaz de trabajar de manera diferenciada; principalmente, no hay suficiente data de los indicadores de violencia, existe una tipificación exhaustiva de violencia pero hay poca referencia a la víctima, hay un desbalance fundamental, no se puede tipificar los delitos penales con ausencia de la víctima. Requerimos una política sostenida de prevención exclusiva y de atención de la violencia, financiada y legitimada, lo que impacta en la revictimización, la indefensión, la judicialización, etc.”, ha explicado.
 
Asimismo, ha enfatizado que “existe la obligación y responsabilidad de dar respuestas a nivel local para reestructurar y articular la política territorial a la nacional, de ahí la importancia de formar capacidades nuevamente desde el Gobierno, la ciudadanía y los demás actores del sistema especializado de protección de los derechos”.
 
Por otra parte, ha considerado que la autoridad local es la llamada a dar respuestas en la complejidad del aparato de la salud pública, de los derechos humanos, retomar una movilización del Plan Nacional Contra la Violencia, generar redes, promover organización social, discutir con las víctimas.
 
Por su parte, la secretaria (e) de Derechos Humanos, Rocío Rosero, ha destacado la importancia del compromiso y articulación de los distintos actores del Estado, los gobiernos autónomos descentralizados y los colectivos sociales para integrar a los sistemas locales de prevención, atención y restitución de derechos medidas, normas, herramientas y procedimientos acordes a las necesidades de la población violentada.
 
La funcionaria ha  informado que desde el CNII se ha levantado un diagnóstico de la situación actual de los sistemas de protección a nivel cantonal, para tomar como punto de partida en la implementación de políticas específicas y lograr garantizar procesos efectivos de atención a las víctimas de violencia, se ha informado.

---