Edición Médica

El plazo será de 28 semanas para mayores de 18 años.

Redacción. Quito
Tras una sesión de más de diez horas, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional ha resuelto que será 28 semanas el plazo máximo para interrumpir un embarazo en caso de violación para las mujeres mayores de 18 años, mientras que las menores o con discapacidad no tendrán que ajustarse a ningún plazo.
 
Con seis votos los legisladores aprobaron esa parte de la normativa, cuyo análisis continuarán el miércoles, previo a presentar el texto final al pleno de la Asamblea.
 
El asambleísta José Agualsaca, presentó esa moción luego que otras dos propuestas con menos tiempo de gestación no fueron acogidas.
 
La Comisión también ha resuelto otro de los nudos críticos como es el relacionado a los requisitos para lo que fijó el procedimiento y decidió que los casos de violación sean puestos a consideración de la fiscalía general del Estado, por el establecimiento de salud, para que sean investigados y se inicien procesos de atención integral.
 
Otro punto aprobado fue el relacionado con las reglas especiales para el consentimiento informado para la interrupción legal y voluntaria del embarazo producto de la violación sexual y las personas que conforman el personal de salud y sus deberes, entre ellas, médicos, parteras, enfermeros ginecólogos, obstetras, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y anestesistas.
 
La Comisión de Justicia seguirá la revisión del borrador del articulado del proyecto de Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación, presentado por la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, que dispuso a esa institución preparar dicho proyecto de ley.
 
Oros temas también se debatieron
 
El presidente de la Comisión, Alejandro Jaramillo ha mencionado que la mesa legislativa ha mantenido sus puertas abiertas para escuchar las propuestas de diversos sectores, lo que ha permitido crear un texto con un enfoque de derechos en beneficio de la gente. “A la comisión han acudido médicos y otros profesionales de la salud, especialistas, expertos nacionales y extranjeros, y constitucionalistas, quienes presentaron sus observaciones, al igual que los legisladores”, resaltó.
 
El nombre de la ley y el objeto fueron otros de los temas que más debate generaron en la mesa legislativa. Luego de escuchar las diversas visiones sobre el tema, se determinó que se denominará “Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en casos de Violación”.
 
Se establecido que la ley tendrá como objeto garantizar, proteger y regular el derecho de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes a la interrupción legal y voluntaria de su embarazo en casos de violación, garantizando sin discriminación su dignidad, autonomía y el pleno ejercicio de sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

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