Edición Médica

Votación del pleno de la Asamblea.

Redacción. Quito
Los asambleístas han resuelto el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas y aprobaron presupuestos incrementales para Salud y Educación.
 
La propuesta ha establecido una fórmula de cálculo que evita que los gobiernos de turno reduzcan los presupuestos para estos dos sectores. El documento será remitido en los próximos días al Registro Oficial, ha informado la Asamblea Nacional en un comunicado oficial.
 
Con 115 votos a favor y 21 abstenciones, el pleno de la Asamblea ha ratificado las reformas que buscan normar las preasignaciones creadas por la Constitución de tal forma que los incrementos del 0.5 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto) se realicen en función del valor más alto entre el presupuesto inicial y el codificado, con lo cual se restringe la posibilidad de que los presupuestos para salud y educación disminuyan en el tiempo como sucedió entre los años 2018 y 2022.
 
El documento ha definido los rubros que se deben computar en el cálculo de las preasignaciones para los dos sectores lo que, según la Asamblea, hará “más transparente el Presupuesto General del Estado”.
 
Se prevé que cuando se alcance la asignación constitucional de mínimo 6 por ciento del PIB para la educación, o, mínimo 4 por ciento del PIB para el Sistema Nacional de Salud, la proforma del Presupuesto General del Estado contendrá la asignación que permita conservar al menos dicho porcentaje en el año siguiente.
 
Con esta resolución se ha impedido además la disminución de las asignaciones para enfermedades raras, huérfanas y catastróficas y el presupuesto de educación superior.
 
Según la Asamblea Nacional ahora podrán realizar una fiscalización más efectiva sobre el proceso de elaboración y ejecución del Presupuesto General del Estado.
 
La asambleísta Mireya Pazmiño, presidenta de la Comisión de Régimen Económico y ponente del proyecto, ha explicado que el veto parcial del Ejecutivo desvirtuaba el objetivo de la ley y permitía que año a año el presupuesto para salud y educación disminuya como ya ocurrió entre 2017 y 2022, sujeto a la ineficiencia en la gestión pública. También ha recordado que la normativa aprobada por el Legislativo cumple la Constitución y beneficia a la ciudadanía.
 
En el debate han intervenido 17 legisladores quienes destacaron que el proyecto aprobado por el Pleno prioriza los incrementos anuales para educación inicial, básica y bachillerato y para el Sistema Nacional de Salud, con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones transitorias Décimo Octava y Vigésimo Segunda de la Constitución.

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