Edición Médica

Cristhian Bahamonde, secretario misional de la Defensoría del Pueblo.

Redacción. Quito
La Defensoría del Pueblo ha presentado una acción de protección en el Complejo Judicial Norte de la ciudad de Quito para exigir el pago inmediato de las remuneraciones a las y los servidores públicos, entre ellos profesionales de la salud, que se encuentran impagos de sus haberes por parte del Gobierno Nacional, incluido el décimo cuarto sueldo que, en las regiones sierra y amazonía, debe ser cancelado durante agosto.
 
En días pasados que varios gremios profesionales de la salud calificaron de “inaceptable” la falta de pago a médicos, posgradistas, rurales e internos rotativos. Demandaron una solución inmediata a este problema.
   
Los contantes retrasos en los pagos de sueldos y salarios a las personas servidoras y trabajadoras públicas ha repercutido en el desarrollo de sus proyectos de vida y en la satisfacción oportuna de sus necesidades básicas, así como en el cumplimiento de sus obligaciones con otras personas y entes jurídicos públicos y privados. Incluso, ha generado que, muchas personas que prestan sus servicios en las entidades públicas, aparezcan con impedimentos para ejercer cargos públicos, sin advertirse que dicha moratoria, de manera indirecta, es forjada por el Estado, hecho que genera trasgresión del derecho al trabajo y a la estabilidad, ha manifestado Cristhian Bahamonde, secretario misional de la Defensoría.
 
La Defensoría también ha advertido que las personas que laboran en las instituciones públicas y que pertenecen a grupos de atención prioritaria (personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas con enfermedades catastróficas, entre otras) no tienen acceso a sus tratamientos periódicos en los centros de salud que otorga el seguro social por la falta de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
 
Por estos motivos, la institución ha presentado esta garantía jurisdiccional para que se realice el pago oportuno de los haberes adeudados a las personas que prestan sus servicios en el sector público, de manera que sus derechos constitucionales y humanos no sigan siendo vulnerados, debido a que no cuentan con los fondos necesarios para su subsistencia digna y la de sus familias, disminuyendo su calidad de vida y el debido goce y ejercicio de otros derechos, como el derecho a la vida, a la integridad física, a una alimentación y nutrición adecuadas, a una vivienda digna, al más alto nivel de salud física y mental.
 
La pandemia de CoVID19 ha develado el mal manejo económico del erario público en Ecuador, lo cual, a criterio de la Defensoría del Pueblo, no debe recaer ni ser afrontado por la clase trabajadora del país, ha señalado la institución en un comunicado.

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