Edición Médica

Virginia Gómez de la Torre y Sonia Ariza.

Cristina Coello. Quito
Varias organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos han vuelto a presentar ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para despenalizar el aborto en casos de violación.
 
Fundación Desafío, el Frente Ecuatoriano para la Defensa de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador y el Colectivo Mujeres con Voz han expuesto los tres ejes argumentativos por los cuales consideran necesaria esta revisión legal.
 
En entrevista con REDACCIÓN MÉDICA, Virginia Gómez de la Torre, presidenta de Fundación Desafío, “a las mujeres en el Ecuador las violan” y ha recordado que solo en los últimos tres años 13.969 mujeres han sido víctimas de violencia sexual, es decir un promedio de 11 violaciones por día.
 
De allí que, “es de derecho y justicia despenalizar el aborto en caso de violación. Es hora de que el COIP responda a la realidad de un país que tiene una alternativa para las mujeres con discapacidad mental, que es solo el 0,98 por ciento de la población en edad fértil”, ha añadido la activista.
 
“Penalizar el aborto no protege la vida desde la concepción porque no protege a las mujeres que están gestando esa vida. Lo que se ha generado es muerte y enfermedad, vulneración de derechos. Por lo tanto, en regímenes restrictivos como el ecuatoriano donde se penaliza el aborto, incluso en casos de violación, lo que se produce es más muerte y morbimortalidad materna, eso está demostrado”, ha insistido De la Torre.
 
Se estima que unas 15.000 mujeres llegan con complicaciones al sistema de salud, producto de un aborto realizado en condiciones de riesgo. Pero “en el país hay una realidad de criminalización brutal. El sistema de salud las denuncia”, ha protestado la activista.

Sonia Ariza Navarrete, jurista colombiana experta en el tema y colaboradora con las organizaciones, ha expuesto en la Asamblea, que todas las mujeres pueden ser víctimas de una violación, pero son las mujeres pobres quienes ponen en riesgo su vida realizándose abortos inseguros o se ven obligadas a llevar a término un embarazo no deseado profundizando así su situación de pobreza.
 
Hay la “necesidad de abrir este debate y modificar la ley para ampliar el acceso a todas las mujeres víctimas de violencia sexual como es uno de los compromisos internacionales del estado ecuatoriano”.
 
Estas agrupaciones, en 2013 ya tenían el apoyo de 81 asambleístas para aprobar este cambio, sin embargo, la propuesta fue rechazada por el entonces presidente Rafael Correa.
 
Los datos
 
Según Fundación Desafío, las mujeres son víctimas de violencia sexual por parte de familiares, representantes legales, curadores, ministros de culto, profesores, personal de salud.
 
La organización ha asegurado que entre 2008 y 2018, 20.052 niñas menores de catorce años dieron a luz en Ecuador y la única respuesta que recibieron del sistema de salud fue la de continuar el embarazo, pese a que éste se produjo en un contexto de violación.
 
Por otra parte, 515.983 adolescentes entre 15 y 19 años alumbraron en los últimos 10 años y de ellas, 128.995 tuvieron su embarazo en medio de violencia sexual y/o violación. 
 
La mitad de la población de mujeres en edad fértil o aptas para procrear son pobres (50.4 por ciento) en Ecuador y una de cada cuatro ha sido violentada sexualmente.
 
La propuesta
 
Las defensoras de los derechos reproductivos consideran que es necesario actualizar el COIP porque no responde a la realidad y los avances que el país ha hecho para erradicar la desigualdad.
 
“Planteamos entonces un debate responsable de la Asamblea Nacional, del Ejecutivo, la sociedad ecuatoriana y los medios de comunicación en torno a este tema de salud pública”, ha insistido De la Torre.

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