Edición Médica

Katherine Chérrez, directora del SanLázaro.

Cristina Coello. Quito
 
Katherine Chérrez Palacios, directora general del Centro de Atención Ambulatoria Especializado San Lázaro, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental ha planteado que la atención de la salud mental en Ecuador ha avanzado en los últimos años, pero todavía enfrenta importantes brechas en acceso, formación profesional, articulación de servicios y reducción del estigma.
 
En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, la especialista en psiquiatría, ha señalado que durante el último año el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha registrado alrededor de 1,2 millones de atenciones de salud mental. De ellas, aproximadamente 146.000 han correspondido a casos de ansiedad y depresión, trastornos que, según ella presentan una asociación con la conducta suicida.
   
Chérrez ha destacado como uno de los principales avances la articulación de los servicios de salud. Explica que anteriormente el sistema había mantenido un enfoque predominantemente biomédico, con mayor atención a enfermedades crónicas.
 
En este contexto, Chérrez ha señalado que en Pichincha la tasa de suicidios pasó de 8,6 en 2024 a 6,6 en 2025 y atribuye parte de este avance a una mayor articulación y a la posibilidad de recibir y atender de manera más oportuna a los pacientes.
 
Pero también ha reconocido que aún falta, pues el “objetivo es que los trastornos de salud mental sean atendidos de acuerdo con su gravedad” y que los pacientes estables puedan continuar su seguimiento en el primer nivel, sin que todos los casos sean derivados a psiquiatría o a niveles de mayor complejidad.
 
“Antes se pensaba que porque tiene esquizofrenia no puede ser tratado en el primer nivel de atención”, ha comentado. A su criterio, un paciente que se encuentra estable y recibe tratamiento puede continuar su seguimiento en ese nivel, de manera similar a lo que ocurre con otras enfermedades crónicas.
 
Pero ha dejado claro que ese cambio requiere fortalecer las competencias médico generales y familiares. Chérrez ha advertido que la formación universitaria todavía dedica un espacio limitado a la salud mental y que los estudiantes de medicina no necesariamente realizan rotaciones en servicios especializados. Según ha señalado, esta situación debería llevar a replantear los pensum académicos tanto de pregrado como de medicina familiar.
 
La brecha no se limita a psiquiatría y psicología. La especialista también ha identificado necesidades en áreas como terapia de lenguaje y terapia ocupacional, particularmente para la atención de trastornos del neurodesarrollo infantil. Ha mencionado casos de autismo, déficit de atención, discalculia y dislexia, cuyos pacientes pueden enfrentar largos tiempos de espera cuando los servicios requeridos no están disponibles en el primer nivel.
 
¿Sirve la nueva Ley de Salud Mental?
 
La política nacional de salud mental, según Chérrez, se ha enfocado en tres ejes: promoción y prevención; fortalecimiento de los servicios de salud; e inclusión social y laboral. Para avanzar en estos objetivos, ha insistido en el fortalecimiento del primer nivel, mejorar la capacidad resolutiva de los servicios, garantizar el abastecimiento y contar con los profesionales requeridos.
 
Para ella es útil la Ley de Salud Mental. Como todo, se la puede mejorar, pero mientras la que existe es una buena norma. No obstante, ha dejado claro que la implementación de una política de salud mental también requiere recursos económicos y acciones sostenidas en el tiempo. 
 
La directora apunta nuevamente a los desafíos pendientes y entre ellos señala a la inclusión laboral En ese sentido ha advertido que incluso pacientes que han recibido tratamiento y se encuentran estables pueden enfrentar dificultades para acceder a un empleo debido al estigma asociado a los trastornos de salud mental.
 
“Ansiedad o depresión la podemos tener todos, pero el estigma hace que no se logre esta inclusión”, ha señalado.
 
¿Qué pasa con la salud mental en los profesionales sanitarios?
 
 
Chérrez ha indicado que el Ministerio del Trabajo publicó un reglamento orientado al tamizaje, la identificación de casos y el acceso a servicios de salud mental en los espacios laborales, incluido el sector de la salud público y privado.
   
Sin embargo, ha advertido que el estigma también afecta a los propios profesionales de la salud. La cultura profesional de soportar la presión y continuar trabajando puede dificultar que los trabajadores reconozcan o expresen problemas de salud mental.
 
“El expresar un malestar de salud mental fue signo de debilidad”, ha recordado. A esto se suman situaciones que, según ha relatado, pueden profundizar el problema, como la exigencia de certificados relacionados con la salud mental para acceder a determinados programas de posgrado.
 
Para la especialista, esta situación puede llevar a que los profesionales oculten sus síntomas y posterguen la búsqueda de ayuda, con el riesgo de que los problemas se cronifiquen.
 
Por ello, ha considerado necesario desarrollar mecanismos institucionales de detección y atención. El manual del Ministerio del Trabajo contempla herramientas de screening, atención individual y grupal, así como espacios destinados a abordar la carga emocional de quienes trabajan en salud.
   
Chérrez también adelantó que se está trabajado en un manual de calidad de los servicios de salud que incorporará aspectos relacionados con el cuidado de la salud mental de los profesionales, incluidos espacios saludables de trabajo, descanso y atención a signos de alarma.
 
Se reduce la hospitalización y la alternativa es la atención comunitaria
 
Uno de los cambios que ha destacado Chérrez en relación a la atención se relaciona con el modelo y explica que, por ejemplo, en el San Lázaro dejó de funcionar como hospital psiquiátrico en 2013 y pasó a un modelo ambulatorio, con el objetivo de mantener a las personas dentro de la comunidad y reducir la institucionalización.
 
Según la especialista, las hospitalizaciones psiquiátricas son actualmente poco frecuentes y, en muchos casos, están contraindicadas. El enfoque busca evitar que la hospitalización refuerce el estigma asociado a las personas con trastornos de salud mental. “Lo que se pretende en salud mental es que los pacientes estén insertados en la comunidad”, ha explicado.
 
Actualmente la cartera de servicios del hospital comprende población de 10 a 65 años y se ha planificado una ampliación para atender también a personas de 65 a 85 años. El objetivo es contribuir a cubrir las brechas de atención de distintos grupos etarios.
 
La especialista ha considerado que sería necesario contar con servicios similares en otras provincias del país. Porque el San Lázaro es actualmente el único establecimiento de su tipo.
 
Validar el sufrimiento también es parte de la atención
 
En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, Chérrez ha puesto énfasis en la necesidad de reconocer el sufrimiento psicológico tanto de los pacientes como de los profesionales sanitarios.
 
“El dolor es subjetivo” y, desde su perspectiva, las experiencias de sufrimiento deben ser escuchadas y validadas antes de que puedan cronificarse y derivar en problemas de mayor gravedad.
 
Para los profesionales sanitarios, este reconocimiento debe ir acompañado de una mejora de las capacidades técnicas en salud mental y de mecanismos para cuidar a quienes trabajan en los servicios de salud.
 
“El que cuida no está cuidado actualmente”, ha afirmado Chérrez, al insistir en que los trabajadores sanitarios también necesitan espacios y herramientas para cuidar su salud mental.
 
La especialista ha reconocido que todavía existe “un amplio camino por recorrer”. No obstante, insiste en que la articulación de servicios, el fortalecimiento del primer nivel, la implementación de políticas públicas y la transición hacia modelos comunitarios constituyen pasos para mejorar la respuesta del sistema de salud mental en el país.
 

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