Edición Médica

Paola Mera, secretaría técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género.

Redacción. Quito
La Asamblea Nacional ha informado que en el marco de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Comisión de Justicia ha debatido la despenalización del aborto en casos de violación y la legalización del cannabis para uso medicinal con representantes del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y Colectivo Ecuador Canábico, quienes han coincidido que estos temas deben trabajarse desde una visión técnica y jurídica.
 
Paola Mera, secretaría técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, ha respaldado la propuesta del aborto no punible en casos de violación, incesto y estupro, tomando en cuenta la situación de la criminalización de las víctimas de delito sexual, el embarazo adolescente y la institucionalización de la criminalización de la pobreza.
 
“La norma actual criminaliza a las mujeres que se encuentran en condición de múltiples vulnerabilidades, el COIP criminaliza la pobreza y a las víctimas de violencia sexual. Necesitamos un cambio en las leyes que garanticen que las mujeres y niñas puedan seguir con su proyecto de vida, que no las revictimice y que no las penalice por decidir. El aborto en casos de violación, incesto y estupro no puede ser punible.”, ha dicho.
 
En este sentido, ha indicado que al Estado le cuesta 2.3 millones de dólares al año sólo en sector salud para atender complicaciones relacionadas a abortos inseguros, es decir, 6 veces más de lo que cuesta garantizar un aborto en condiciones seguras.
 
Mera también ha sostenido que la transición intergeneracional de la pobreza contribuye directamente en la problemática del embarazo no intencionado. Las niñas sin educación, de minorías étnicas, de grupos marginados, de áreas remotas, de población rural, tienen tres veces más riesgos de quedar embarazadas frente a sus pares educadas y de zonas urbanas, debido a la falta de información sobre educación sexual integral.
 
“Los embarazos producto de una violación, no son embarazos no intencionados, son embarazos forzados, obligar a estas mujeres y niñas seguir con estos embarazos es revictimizante desde el Estado”, ha dicho.
 
Mera ha mencionado que en Ecuador las mujeres que más abortan son menores de 25 años, de condición pobre y que tienen poco o ningún nivel educativo. Asimismo, ha precisado que la norma penal actual las oprime como minorías y, es más, al no contar con acceso a servicios públicos para practicarse un aborto ponen en riesgo su integridad y vida, pues se ven obligadas al acudir a centros clandestinos, con el temor de ir a la cárcel.
 
Cannabis medicinal
 
Gabriel Buitrón y Andrés Moreno, del Colectivo Ecuador Canábico, han manifestado que se debe definir, acorde a las disposiciones constitucionales, las adicciones como un problema de salud pública, ante el cual el Estado tiene que desarrollar programas de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación.
 
Asimismo, se han visto partidarios de que el uso del cannabis no solo se restrinja a enfermedades catastróficas, sino que se amplíe para cualquier padecimiento que se pueda enfrentar con ese producto.
 
Desde la comisión
 
La asambleísta Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia, ha dicho que el debate de estos asuntos de interés y preocupación nacional será “abierto, amplio, plural y respetando en todo instante las diferentes concepciones que tienen las personas, sin caer en discursos demagógicos”.

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