Edición Médica

Ecuador tiene 1.289.962 dosis aplicadas.

Redacción. Quito
La Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública (SESP), tras reiterar su compromiso de aporte técnico al nuevo gobierno, ha insistido en la urgencia de edificar un sistema nacional de salud y emprender en una “profunda reingeniería institucional en salud”.
 
La organización científica ha recordado que, en el marco de los planteamientos del Acuerdo Nacional por la Salud suscrito por delegados del gobierno electo, se comprometieron a fortalecer la salud pública y “construir participativamente el plan nacional de salud 2021-2030”.
 
Y ante la crisis derivada de la pandemia de COVID-19, la SESP ha insistido en que es “esencial la vacunación” y para ello, la disponibilidad del insumo “es condición sine qua non para lograr avances en Ecuador”.
 
Y ante esa urgencia de agilizar y dar cobertura universal de vacunación contra la COVID-19 en el país, la SESP ha exhortado al presidente Guillermo Lasso a “revisar la antiética y vergonzosa posición del actual gobierno que, en febrero pasado, se opuso a la liberación de patentes, solicitada por más de 100 naciones. Uno más entre sus múltiples desaciertos en el manejo de la pandemia”.
 
“Frente al lento avance de la cobertura de inmunización en el mundo (a la fecha apenas el 4 por ciento) se han multiplicado voces, entre ellas de Estados Unidos y Rusia, a favor de restringir los derechos de propiedad intelectual de las vacunas mientras dure la pandemia, en tanto constituyen bien global común. Ello permitirá aumentar de manera significativa el volumen de producción de vacunas y reducir sus precios, permitiendo el acceso de muchos países actualmente marginados, entre ellos Ecuador”, ha argumentado Fernando Sacoto, presidente de la SESP.
 
El directivo también ha recordado que en diciembre de 2020, la SESP se adhirió a la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, en la solicitud de suspensión temporal de derechos de propiedad intelectual a productos utilizados para enfrentar a la pandemia, entre ellos vacunas.
 
Además, la organización ha considerado que el plan de vacunación debe ser implementado con plena participación social, especialmente de GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados) y Academia, con la rectoría del Ministerio de Salud Pública (MSP).
 
Por otro lado, ha insistido en que la vacunación “debe ir acompañada de una activa vigilancia epidemiológica comunitaria, con incremento sustantivo de pruebas PCR y antígenos, entre otras acciones, para disminuir la transmisión y aliviar la presión sobre los hospitales”.

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