Edición Médica

La Comisión de Salud ha recibido observaciones de expertos.

Redacción. Quito
La Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional avanza con el tratamiento del proyecto de Ley para la Gestión de Emergencia Sanitaria por Pandemia.
 
Ha recibido las observaciones de la delegada del Ecu 911, Renata Moreno y del constitucionalista Ismael Quintana.
 
No obstante, Marcos Molina, presidente de la comisión, ha informado que la demora en el cierre del informe para primer debate se debe a que la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República no ha enviado sus observaciones al texto. 
 
A pesar de esto, el legislador ha adelantado que el proyecto de ley tendrá importantes cambios para cubrir los vacíos que tenía el texto original.
 
Este proyecto busca regular las medidas de restricción por COVID-19 de una forma que no necesite estados de excepción, conforme el pronunciamiento de la Corte Constitucional que pidió al Ejecutivo y Legislativo trabajen en un proyecto para evitar la necesidad de recurrir a estados de excepción.
 
En este sentido, Molina ha manifestado que la ley es necesaria para evitar las declaratorias de estados de excepción, que afectan a varios sectores, entre ellos al productivo.
 
El camino correcto para esta ley es definir de manera clara las restricciones en áreas críticas determinadas, como barrios, parroquias, zonas de tolerancia o tipos de locales como bares y discotecas. La idea es que se logre contener futuros brotes del virus SARS-CoV-2 sin paralizar ciudades enteras o afectar la economía de los ciudadanos, basados en indicadores, ha considerado.
 
Por su parte, el constitucionalista Ismael Quintana ha mencionado que la Asamblea tiene la obligación de tramitar y debatir este proyecto.
 
“El proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria por Pandemia no se puede archivar y debe pasar por primer y segundo debate”, ha insistido.
 
Además, ha advertido que uno de los temas de mayor preocupación podría ser el relacionado con el régimen sancionatorio, porque puede existir una eventual violación al principio de legalidad, en el establecimiento de sanciones, al no estar tipificadas las infracciones.
 
Asimismo, ha señalado que mediante la Ley de Emergencia Sanitaria el COE Nacional tendrá una base legal para su existencia. Sin embargo, hay que analizar el alcance de sus atribuciones, a fin de no afectar determinados derechos constitucionales.
 
Renata Moreno junto a Juan Pablo Morales, asesor del Ecu 911, han divido sus observaciones en dos partes: de carácter general, indicando la necesidad y el contexto, en la cual la Corte Constitucional consideró la necesidad de la expedición de una ley que regule las medidas que se podrían adoptar en función de la pandemia.
 
Por otro lado, han indicado que esta Ley es fundamental por dos razones: primero porque la pandemia, se calcula, nos “acompañará” por años, lo cual obligará a tomar medidas de carácter extraordinario y finalmente porque la resolución de la Corte dispone debatir de la forma más amplia posible y considerar mecanismos adicionales a los existentes para combatir temas relacionados con la pandemia.

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