Edición Médica

Presentación del estudio CRSA 2026 en Quito.

Redacción. Quito
Aldeas Infantiles SOS Ecuador ha desarrollado el estudio Análisis de la Situación de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes (CRSA 2026), cuyos resultados han evidenciado brechas en el sistema de protección que afectan el derecho de la niñez y adolescencia a crecer en una familia segura y protectora.
 
Los resultados constituyen una línea de base para la incidencia política del período 2026-2030. El estudio propone fortalecer una Política Nacional de Prevención que articule salud mental, educación y protección social, diferenciar pobreza de negligencia en los protocolos de protección, reducir la institucionalización y ampliar las alternativas de cuidado familiar.
 
Además, plantea agilizar los procesos legales, garantizar servicios de salud mental con enfoque informado por el trauma y establecer mecanismos de acompañamiento continuo para adolescentes y jóvenes hasta alcanzar su autonomía.
 
“Proteger a la niñez implica actuar antes de que una familia llegue al punto de perder el cuidado de sus hijos. Este estudio nos recuerda que garantizar el derecho a crecer en familia es una responsabilidad compartida y que la prevención debe estar en el centro de las decisiones públicas. El CRSA busca convocarnos a transformar la realidad”, ha mencionado Eva Peñafiel, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Ecuador.
 
Los principales hallazgos
 
El estudio ha encontrado que a pesar de que el acogimiento institucional debería ser una medida excepcional, entre 2019 y mayo de 2026 concentró el 58,75 por ciento de las medidas judiciales.
 
Asimismo, ha alertado que la negligencia se mantiene como el principal motivo registrado de ingreso a acogimiento institucional, representando el 44 por ciento en diciembre de 2022, el 50,7 por ciento en diciembre de 2025 y el 48,9 por ciento en abril de 2026.
 
En este contexto, se ha señalado que la vulnerabilidad económica tiende a registrarse como “negligencia” y la falta de vivienda, empleo, ingresos y tiempo para el cuidado no debe confundirse con una incapacidad de las familias para cuidar.
 
Esta alerta cobra mayor relevancia al observar que, entre enero y mayo de 2026, entre el 93 por ciento y el 94 por ciento de quienes se encontraban en acogimiento institucional vivía en situación de pobreza, extrema pobreza o vulnerabilidad.
 
De manera que la separación familiar no responde a una única causa, sino a la acumulación de factores económicos, familiares, territoriales e institucionales, y plantean la necesidad de fortalecer las respuestas de prevención y apoyo a las familias antes de recurrir a la institucionalización, se ha precisado en el estudio.
 
Frente a esta realidad, el estudio pone en realce la importancia de fortalecer las políticas de prevención y los mecanismos de apoyo a las familias antes de que las condiciones de vulnerabilidad deriven en la separación.
 
Permanencia prolongada en el sistema de protección
 
Otro dato que llama la atención es la prolongación de una medida que debería ser temporal: el 20 por ciento de niñas, niños y adolescentes en acogimiento institucional lleva más de cinco años bajo esta modalidad.
 
En este sentido, el acogimiento institucional continúa teniendo un peso significativo dentro del sistema, a pesar de ser una medida excepcional. Por ejemplo, durante el período analizado, el acogimiento familiar ha registrado una reducción del 70,3 por ciento, lo que refuerza la necesidad de ampliar las alternativas de cuidado familiar y fortalecer el acompañamiento a las familias de origen y a la familia ampliada.
 
El estudio además identifica una permanencia prolongada en el sistema de protección. Es decir, las demoras en audiencias, informes y procesos de esclarecimiento legal pueden extender el acogimiento institucional durante etapas fundamentales para el desarrollo y la construcción de vínculos familiares.
 
En relación a la transición de adolescentes y jóvenes al cumplir los 18 años, quienes egresan del sistema deben afrontar necesidades relacionadas con vivienda, alimentación, salud, educación y empleo, muchas veces sin redes afectivas de apoyo ni una respuesta pública articulada para acompañar este proceso.
 
Por esta razón, se plantea que la salida del sistema de protección debe ser planificada y progresiva, con acompañamiento sostenido hacia la autonomía.
 
En este sentido, las voces de niñas, niños, adolescentes y jóvenes incorporadas en la investigación muestran que el bienestar no depende únicamente de las condiciones materiales, sino también de la existencia de vínculos significativos y entornos libres de violencia y miedo. En el caso de quienes egresan del sistema, sus experiencias reflejan además las dificultades para acceder a empleos dignos y construir una vida independiente.

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