Edición Médica

Una buena parte de las observaciones son de forma, según la Asamblea Nacional.

Redacción. Quito
El Ejecutivo ha enviado a la Asamblea Nacional un documento que contiene 30 objeciones al proyecto de ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. Ahora, el ente legislativo tiene 30 días para ratificarse en el texto aprobado o allanarse al veto parcial presidencial.
 
Según la Asamblea, “una buena parte de las observaciones son de forma”, como por ejemplo el reemplazo de ciertas palabras, la fusión de artículos y la recomendación de no crear más institucionalidad porque, según el veto parcial, se habla que la rectoría del Sistema Nacional Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres estará a cargo del ente rector de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
 
Sin embargo, el Ejecutivo también ha pedido clarificar la labor que debe realizar el Ministerio de Salud con la Fiscalía General del Estado y considerar que el Sistema Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, coordinará, planificará, organizará y ejecutará acciones integrales y complementarias para vincular a todos los poderes políticos y hacer efectivo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
 
Artículo 24, literal m
 
De acuerdo a lo informado, en el artículo 24, literal m, del texto aprobado por la Asamblea Nacional, se establece que el Estado tiene la competencia de generar programas, proyectos y política pública a favor de ciertos grupos o colectivos, en especial medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real. No obstante, en el veto se amplían estos derechos al estipular que se generarán programas y proyectos, como becas y apoyo económico para garantizar el derecho de las niñas, adolescentes, madres adolescentes, dependientes de víctimas de femicidios y mujeres, a la educación, a la alfabetización y al acceso, permanencia y culminación de sus estudios en todos los niveles y modalidades de educación.
 
Artículo 25, literal r
 
El Ejecutivo también ha objetado el artículo 25, literal r, que indica que nadie podrá ser discriminado por su pasado judicial, es decir, no se puede hablar de femicidas. Por esta razón, la propuesta señala que se promueva que las instituciones públicas y particulares de educación superior, incorporen en el ámbito de la investigación, estudios respecto del comportamiento de personas que cuentan con sentencia condenatoria ejecutoriada por femicidio en el Ecuador, para la elaboración de políticas públicas de prevención de violencia contra las mujeres, en coordinación con el ente rector del sistema.
 

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