Edición Médica

Sesión de la Comisión de la Salud.

Redacción. Quito
Después de más de 3 horas de análisis, la Comisión del Derecho a la Salud ha aprobado con 10 votos a favor, el informe no vinculante de la investigación dispuesta por el Pleno de la Asamblea Nacional para fiscalizar la obtención de carnés de discapacidad.
 

Sesión Ordinaria Virtual 09 de la Comisión del Derecho a la Salud.

Entre las recomendaciones del informe, los asambleístas han exhortado al Pleno de la Asamblea Nacional, para que proceda al enjuiciamiento político del ministro de salud, Juan Carlos Zevallos, la exministra de Salud, Catalina Andramuño, y el presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), Xavier Torres Correa, por incumplimiento de disposiciones constitucionales, de la Ley Orgánica de Discapacidades y de los instrumentos internacionales de derechos humanos.
 
Las conclusiones que apoyan esta recomendación se derivan de la revisión a los expedientes de usuarios del Sistema Informático en Línea (SIL) y de personas con discapacidad, se identificaron hallazgos como: funcionarios no acreditados y sin perfil para ser calificador de la discapacidad; ausencia de documentos que respalden la calificación; porcentajes asignados no guardan relación con lo expuesto en los exámenes complementarios y certificados médicos; emisión de carnés durante la emergencia sanitaria, pese a que el proceso se encontraba suspendido.
 
Además, profesionales calificadores en ámbitos que no son de su competencia, registran a personas con discapacidad; certificado médico para calificaciones de varias personas; se detecta que varios campos en el sistema registran la misma información de los datos de filiación.
 
Igualmente, datos reveladores de procedimientos inusuales en los que 22 profesionales del Ministerio de Salud Pública (MSP), en su período laboral emitieron 29.708 carnés de discapacidad, de los cuales 3.000 corresponden al período de pandemia: 1.650 están en proceso de notificación, 1.140 carnés en proceso de anulación si el ciudadano no efectúa los descargos correspondientes y 210 carnés emitidos fraudulentamente.
 
Asimismo, el MSP ha incumplido sus atribuciones y responsabilidades como ente rector del Sistema Nacional de Salud al no garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, velar por el cumplimiento y sancionar cualquier incumplimiento a la normativa interna, así como los actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato degradante y discriminatorio, conforme lo establece el artículo 48, numeral 7 de la Constitución de la República.
 
Por su parte, el Conadis no ha demostrado a la Comisión haber exigido al MSP que adopte las medidas correctivas inmediatas para mejorar el proceso de obtención de carnés de discapacidad y tampoco demostró el seguimiento a la implementación de la política pública sobre el nuevo proceso de calificación, en función de la herramienta sustitutiva del Baremo Español, ni acciones puntuales durante la emergencia.
 
El escándalo de la emisión de carnés ha tomado peso cuando fueron involucrados ciertos asambleístas y, en dos casos, sus cónyuges. Más allá de esa cifra, en el Consejo de la Judicatura existen carnés de discapacidad asignados a 703 servidores, de los cuales 104 son jueces, 42 agentes fiscales y 19 notarios, sobre los cuales no se ha escuchado ningún pronunciamiento, ni de parte del MSP, ni de la Fiscalía General del Estado.
 
Reporte actualizado
 
En el informe no vinculante de la investigación los asambleístas también han solicitado al MSP un reporte actualizado del seguimiento a las denuncias que presentó en la Fiscalía General del Estado, respecto a los 22 funcionarios que emitieron 29.708 carnés, de los cuales 2.454 presentaron irregularidades y se remita de carácter obligatorio a la Comisión del Derecho a la Salud.
 
Además, requiere a la Defensoría Pública y a la Defensoría del Pueblo que asuman la reivindicación de los daños generados a las personas con discapacidad ante la execrable denuncia de emisión de carnés en el periodo de la pandemia.
 
Una vez que se cuente con los resultados de las auditorías al proceso de entrega de carnés de discapacidad, se proceda con la anulación de tales documentos y se notifique al Registro Civil, Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, para que ejecuten las acciones en el campo de sus competencias.
 
Asambleísta Fabricio Villamar
 
Sin perjuicio de las acciones que realizan la Contraloría y Fiscalía, la Comisión de Salud ha recomendado al Pleno conforme una comisión multipartidista para que determine las irregularidades en las que hubiere incurrido el asambleísta Fabricio Villamar en la obtención de su carné de discapacidad.
 
Esta recomendación se basa en la documentación remitida por el MSP y la detección de irregularidades en la obtención del carné de discapacidad del asambleísta Villamar, quien según los reportes del Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, se benefició de descuentos en el pago de tributos y con la importación de un vehículo.
 
Recalificación de asambleístas
 
Finalmente, el informe solicita exigir al MSP que efectúe los procesos de recalificación debidamente solicitados por los asambleístas Israel Cruz Proaño y Ramón Terán Salcedo, quienes han remitido de manera formal y voluntaria el formulario previsto por esa cartera de Estado.

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