Edición Médica

Comisión de Régimen Económico.

Redacción. Quito
La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional ha avanzado con el tratamiento y elaboración del informe para segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria al Código de Planificación y Finanzas Públicas para Asegurar Presupuestos Incrementales en Salud y Educación.
 
El proyecto de reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas, que está orientado a que los presupuestos para los sectores salud y educación sean incrementales, regula el cálculo para la asignación de recursos y garantizar el cumplimiento de la meta constitucional de los mínimos presupuestarios de 6 por ciento y 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para educación y salud, respectivamente.
 
En esta ocasión, los legisladores han escuchado los aportes de la subsecretaria de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, Olga Núñez.
 
La funcionaria ha explicado que son limitados los recursos con los que cuenta el Estado, por lo que se debe priorizar las asignaciones de acuerdo con los planes de desarrollo aprobados por el Gobierno.
 
Ha enfatizado que el Ejecutivo está comprometido con la educación y la salud, de manera que realiza un trabajo organizado que no afecte la liquidez del Estado para cumplir con obligaciones adquiridas en años anteriores.
 
Asimismo, ha afirmado que actualmente el manejo presupuestario presenta inflexibilidad, ya que solamente el pago de salarios requiere alrededor de 9 mil millones de dólares.
 
Por ello, ha advertido que es necesario garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ha recordado que el artículo 287 de la Constitución de la República establece que toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. “El desfase en el presupuesto se origina porque muchas asignaciones no tienen una fuente de financiamiento establecida”, ha insistido.
 
Por su parte, los asambleístas han expuesto sus criterios en referencia a los aspectos a tomar en cuenta para evaluar el cumplimiento del presupuesto sobre lo ejecutado y no sobre lo gastado. También han señalado la necesidad de fortalecer el sistema de recaudación de impuestos impagos y minimizar la evasión.

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