Edición Médica

Comisión del Derecho al Trabajo.

Redacción. Quito
La Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional ha aprobado el informe no vinculante sobre la objeción parcial por inconveniencia al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para Garantizar los Derechos Laborales de las Personas con Discapacidad, Enfermedades Raras, Huérfanas, Catastróficas y de Alta Complejidad y sus Sustitutos.
 
La comisión se ha allanado a los 16 textos sugeridos por el colegislador, considerando que mejoran el contenido de este proyecto de ley, tanto a nivel formal como material.
 
Según lo informado, la normativa establece que los nombramientos provisionales otorgados a personas con discapacidad, con enfermedades catastróficas, raras, huérfanas o de alta complejidad y sus sustitutos, tanto como a mujeres embarazadas, con permiso de maternidad o de lactancia, no podrán ser cesados y tendrán vigencia hasta que se incorpore o reincorpore el titular de la partida correspondiente.
 
El servidor público con discapacidad, enfermedades de este tipo, o que haya sufrido un accidente grave, tendrá derecho a licencias médicas con remuneración por el tiempo que sea necesario para su tratamiento, conforme a la certificación médica correspondiente. Estas ausencias no podrán ser descontadas de la remuneración del servidor ni de sus vacaciones.
 
En cambio, para los servidores públicos con discapacidad que residan en Galápagos, o sean pacientes con este tipo de enfermedades, así como sus sustitutos, se establecerán licencias médicas con goce de sueldo por el tiempo necesario para recibir tratamiento en el continente, garantizando su reintegro automático al puesto de trabajo.
 
Diego Cedeño, secretario de la Comisión, ha explicado a los legisladores el informe no vinculante y la justificación del veto a través de una tabla comparativa entre el texto emitido por la Presidencia de la República y el elaborado por la comisión.
 
Después de la exposición, los legisladores Roberto Cuero, Humberto Alvarado, Fernando De la Torre y Juan Pablo Molina han considerado que el veto del Ejecutivo es discriminatorio y vulnera los derechos de las personas con discapacidad y de las mujeres embarazadas. Por lo que, han manifestado en la necesidad de avanzar, y no retroceder, en la garantía de derechos para este grupo vulnerable de la población.
 
Al respecto, Eckenner Recalde, presidente de la Comisión, ha relatado ser padre de un hijo con discapacidad y haber decidido enarbolar esa bandera en un mundo desigual; ha informado que el análisis del veto se realizó de manera responsable, con sustento técnico y jurídico.
 
Finalmente, el asambleísta Christopher Jaramillo ha mocionado la aprobación del informe, el cual fue aprobado con seis votos.

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