Edición Médica

El cierre de la instrucción fiscal será en noventa días.

Redacción. Quito
Por su presunta participación en el delito de peculado para la adquisición de insumos médicos con presunto sobreprecio en el Hospital General Universitario, la Fiscalía ha procesado a cuatro personas.
 
Tres de ellas son exfuncionarios del hospital y la cuarta un proveedor. El cierre de la instrucción fiscal será en noventa días, ha informado la Fiscalía en un comunicado.
 
Fiscalía inicio una investigación en diciembre de 2017, tras recibir un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal de parte de la Contraloría General del Estado, por un presunto perjuicio de cerca de 25.000 dólares en un contrato de adquisición de reactivos químicos y consumibles para equipo de apoyo tecnológico para el área de laboratorio del Hospital General Universitario del Ministerio de Salud Pública (MSP), por un valor total de 75.044 dólares.
 
Según Contraloría e investigaciones de la Fiscalía del Guayas, existiría un presunto perjuicio económico en este contrato de adquisición del año 2013 y estarían involucrados varios exfuncionarios del referido hospital, así como el proveedor de la empresa investigada.
 
En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, César Suárez Pilay, ha presentado como elementos de convicción el Informe con Indicios de Responsabilidad emitido por la Contralaría General del Estado, el informe y la pericia contable que determina un sobreprecio de cerca de 25.000 dólares por un contrato de 75.044 para la compra de insumos.
 
También ha presentado copias certificadas del contrato investigado remitido por el Ministerio de Salud Pública (MSP), el informe del Servicio de Contratación Pública, las versiones de los auditores de la Contraloría y peritos contables, y los informes investigativos de inspección ocular técnica de Criminalística.
 
Con base a estos documentos la jueza de Garantías Penales, Mónica Caicedo, ha dictado medidas cautelares como la presentación ante la autoridad judicial cada quince días, la prohibición de salida del país y la acción de enajenar bienes por 50.000 dólares para José María P. D. (exgerente de la casa de salud), Maritza Isabel M. T. (exdelegada de la máxima autoridad hospitalaria), Jorge Enrique S. N. (exjefe de Compras Públicas) y David Stalin D. A. (proveedor de la empresa Megalab).

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