Edición Médica

Comisión de Salud.

Redacción. Quito
La Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional ha iniciado el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de Personas con Trastorno del Espectro Autista y Neurodivergencias, presentado por las asambleístas Paola y Lucía Jaramillo.
 
Con el inicio de su tratamiento, la Comisión abre el análisis legislativo de una propuesta orientada a fortalecer la protección de derechos, la inclusión y la atención integral de las personas neurodivergentes en Ecuador.
 
En la primera sesión, Jaramillo ha explicado que se busca cubrir un vacío normativo en el país, mediante el reconocimiento de las distintas formas de aprender, sentir y comunicarse, así como la garantía de derechos y oportunidades para las personas neurodivergentes.
 
Por ello, ha recalcado que es necesario brindar respuestas institucionales a las familias que enfrentan dificultades para acceder a diagnósticos, terapias, educación inclusiva y espacios laborales adecuados.
 
Según ha informado, la propuesta propone la incorporación de una definición clara de neurodivergencia y la creación de un Registro Nacional que permita contar con información para orientar la formulación de políticas públicas.
 
Además, plantea establecer protocolos de detección temprana, rutas para un diagnóstico integral y acceso a terapias especializadas, de acuerdo con las necesidades de cada persona y su entorno familiar. Mientras que en el ámbito educativo establece el fortalecimiento de la inclusión en instituciones públicas y privadas, mediante herramientas y capacitación para los docentes.
 
Asimismo, en materia laboral, contempla lineamientos para promover el empleo digno, implementar ajustes razonables y prevenir la discriminación hacia las personas neurodivergentes.
 
Por otro lado, también contempla la creación de una Comisión Técnica Interinstitucional para la Neurodivergencia adscrita al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), con la participación de entidades de los sectores de salud, educación, trabajo e inclusión social, y representantes de organizaciones de personas neurodivergentes.
 
Este mecanismo permitirá coordinar acciones entre las instituciones competentes, sin constituir una nueva entidad ni generar partidas presupuestarias adicionales, ha asegurado la asambleísta.
 
A su criterio, el propósito es garantizar que las personas con autismo y otras neurodivergencias puedan ejercer plenamente sus derechos, acceder a servicios de salud y educación, incorporarse al mundo laboral y desarrollar sus proyectos de vida sin barreras ni discriminación.