Ecuador se incorpora a una red académica latinoamericana que analizará la sostenibilidad de los sistemas de salud
El objetivo del grupo es aportar evidencia para evaluar las decisiones de política pública
Viernes, 06 de noviembre de 2026, a las 13:01
Representantes de las Universidades latinoamericanas.
|
Cristina Coello. Quito
La Universidad San Francisco de Quito (USFQ) se ha incorporado a la Comunidad Latinoamericana del Conocimiento en Sistemas de Salud y Financiamiento (CONOSAFI), una iniciativa académica que reúne a universidades e investigadores de la región para generar evidencia científica sobre el funcionamiento, el financiamiento y la
sostenibilidad de los sistemas sanitarios.
En entrevista con EDICIÓN MÉDICA,
Ximena Garzón, representante de la USFQ en el consorcio, ha informado que se busca aportar información a gobiernos, ministerios de Salud y legisladores para orientar la
formulación de políticas públicas.
El trabajo del grupo se centrará en analizar los
modelos sanitarios de América Latina, identificar sus fortalezas y debilidades y proponer alternativas para mejorar la cobertura, la calidad de la atención y el uso de los recursos económicos.
La iniciativa ha surgido de la colaboración entre el
Tecnológico de Monterrey, la
Universidad de los Andes de Colombia, la
Pontificia Universidad Católica de Chile y recientemente han sido invitadas otras instituciones, entre ellas la USFQ y la
Universidad de Buenos Aires (UBA)
.
Garzón ha recalcado que la propuesta tiene un carácter
académico y de investigación. Su función será producir estudios, analizar datos y “traducir los resultados de las investigaciones en información accesible para quienes toman decisiones” y la población en general.
La iniciativa también prevé involucrar a organizaciones de la sociedad civil, embajadas, empresas y otros actores que puedan contribuir al
financiamiento de la salud.
Para Garzón es importante integrar estos grupos de investigación y recopilar información de los sectores público y privado para elaborar
perfiles epidemiológicos, identificar las necesidades de cada territorio y establecer
prioridades de prevención, detección temprana y atención.
La disponibilidad de datos permitirá evaluar cómo se distribuyen los recursos y qué intervenciones pueden producir mejores
resultados sanitarios y económicos.
Según Garzón, la universidad cuenta con un equipo integrado por especialistas de la Escuela de Salud Pública,
economistas de la salud, demógrafos y politólogos. La intención es ampliar los estudios nacionales mediante la colaboración con investigadores de otros países.
Cooperación en medicamentos y vigilancia epidemiológica
Por otro lado, la agenda de CONOSAFI también contempla posibles mecanismos de cooperación entre países latinoamericanos para mejorar el abastecimiento de medicamentos y facilitar el
acceso equitativo a tecnologías sanitarias.
Otro ámbito de trabajo será el
intercambio de información para fortalecer la detección y el control temprano de brotes epidémicos. La colaboración regional permitiría analizar problemas comunes y buscar alternativas conjuntas para responder a las necesidades de salud pública.
Garzón ha insistido en que el propósito es evitar que los resultados de las investigaciones permanezcan exclusivamente en el ámbito académico.
La sostenibilidad financiera, uno de los desafíos regionales
El
envejecimiento poblacional y el aumento de las
enfermedades crónicas no transmisibles constituyen otros de los problemas que el consorcio pretende estudiar.
Garzón ha recordado que la reducción relativa de la población joven y el incremento de las
personas mayores plantean interrogantes sobre el financiamiento de los sistemas de salud y de la
seguridad social. La demanda de atención para
enfermedades crónicas y condiciones que pueden generar discapacidad también supone mayores necesidades de recursos a largo plazo.
En este contexto, la representante de la USFQ ha planteado que los países necesitan fortalecer el
primer nivel de atención para resolver la mayor parte de los problemas de salud y reservar los servicios de mayor complejidad para los pacientes que los requieran.
La sostenibilidad financiera, ha explicado, también depende de mejorar la planificación y
evaluar las intervenciones antes de implementarlas. Para ello, el equipo ecuatoriano prevé utilizar herramientas de análisis y modelamiento de datos que permitan estimar los costos, beneficios y posibles resultados de distintas decisiones.
Ecuador analizará los cambios de su sistema sanitario
La participación ecuatoriana comenzará con la incorporación de investigaciones que la USFQ ya desarrolla sobre las
transformaciones institucionales del sistema nacional de salud.
Uno de estos estudios examina los cambios derivados del
Decreto Ejecutivo 393 y la creación de la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud (AIL E.P.) vinculada a la reorganización de las funciones del
Viceministerio de Atención Integral de Salud.
Uno de los aspectos que se analizarán es la capacidad de los
sistemas informáticos para integrar información sanitaria. Esto incluye la
interoperabilidad de las historias clínicas del Ministerio de Salud Pública y el intercambio de datos entre los distintos subsistemas, particularmente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la red pública de salud, ha explicado la también decana de la Escuela de Salud Pública y Nutrición de la USFQ.
La investigación también contempla comparar el
modelo ecuatoriano con los sistemas sanitarios de Chile, Colombia y Costa Rica.
¿Cuál es la expectativa de la AIL E.P?
Al ser consultada sobre la reorganización institucional del sistema ecuatoriano con el decreto 393, Garzón ha señalado que todavía se necesita
evaluar sus efectos. Considera que la creación de la nueva empresa pública puede tener aspectos positivos, pero también implica cambios complejos que deben analizarse.
Entre las condiciones necesarias ha mencionado la
integración de los sistemas de información y la coordinación entre las instituciones sanitarias.
La evaluación deberá considerar indicadores de desempeño y resultados a mediano y largo plazo. Según su estimación, un primer
análisis de mediano plazo podría realizarse después de aproximadamente un año.
Sin embargo, la decana ha advertido que revertir una intervención de salud pública después de su implementación puede representar pérdidas de tiempo y recursos. Por eso, ha defendido la necesidad de utilizar
evidencia y modelos de proyección antes de adoptar decisiones institucionales.
En esa línea, ha aclarado que este nuevo consorcio latinoamericano no asumirá “funciones de veeduría” sobre la nueva empresa pública ecuatoriana. Dejó claro que la
participación académica estará orientada a
estudiar el impacto de las decisiones, comparar experiencias regionales y formular recomendaciones sustentadas en datos.