Edición Médica

Se investiga un delito en un contrato del 2018.

Redacción. Quito
La Fiscalía ha emitido dictamen acusatorio contra siete procesados por presunto peculado en la compra de insumos médicos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC) del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
 
Este delito se habría cometido en un contrato del año 2018 y habría ocasionado un perjuicio de más de 302.000 dólares a esta casa de salud.
 
La investigación fiscal se centra en un contrato por 938.969 dólares, y destinado para la compra y adquisición de insumos médicos correspondientes a cánulas de guedel, filtro bacteriano, humificador descartable y estéril, sondas, filtro higroscópico, entre otros productos, destinados para la Unidad de Terapia Respiratoria.
 
En la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez Pilay, ha presentado como elementos de convicción: el resultado de un informe de Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de octubre de 2019; las pericias de contratación pública y contables, el informe de la Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), el informe de requerimientos oficio y memorándum emitidos por el casa de salud, con relación a las autorizaciones previas para la suscripción de convenios de pagos y las acciones de personal de los exfuncionarios de la entidad de salud, ha informado la Fiscalía, a través de un comunicado.
 
Por su lado, Roberto Calderón, juez de Garantías Penales, ha acogido en parte el pedido de la Fiscalía y ha dictado auto de llamamiento a juicio para Gustavo Adolfo P. J. (exdirector de la casa asistencial), Jorge Josué H. A. (exjefe de Compras Públicas), Cristina María A. R. (exasistente de Compras Públicas) y Juan Pablo J. D. (proveedor).
 
Además, ha ratificado prisión preventiva para Jorge Josué H. A. y a Cristina María A. R. Sin embargo, debido a qué se encuentran prófugos, se ha dispuesto la difusión a la Policía Internacional (Interpol) para su localización.
 
Para Gustavo Adolfo P. J. y Juan Pablo J. D. se ha ratificado las medidas cautelares de prohibición de salida del país y su presentación periódica cada 15 días ante la autoridad judicial.
 
También ha emitido medidas cautelares reales, como prohibición de enajenar bienes para todos los procesados.
 
Por otra parte, al no encontrar indicios de responsabilidad penal, el Magistrado ha dictado auto de sobreseimiento a favor de César Antonio T. G., Juan Vicente M. A. y Lady Gabriela Z. V., integrantes de la Comisión Técnica del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.
 
La Fiscalía ha apelado verbalmente el auto de sobreseimiento, ya que considera que no se valoraron los elementos de convicción presentados y que los sobreseídos habrían habilitado a dos proveedores que no reunían los requisitos, siendo lo correcto haber declarado nulo dicho proceso.
 

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