Edición Médica

Pleno de la Asamblea Nacional.

Redacción. Quito
La Asamblea Nacional (Parlmento) avanzó con el primer debate de la propuesta para regular y fijar las reglas para quienes soliciten una muerte asistida, sin embargo, el proyecto regresó a la Comisión de Salud por pedido de varios sectores políticos.
 
Durante el debate, varios legisladores han coincidido en la necesidad de contar con una normativa que regule una realidad existente, garantice la dignidad humana y establezca controles rigurosos.
 
Asimismo, se han planteado observaciones para fortalecer el proyecto, especialmente en aspectos como controles previos, acceso equitativo, objeción de conciencia individual y eliminación de barreras burocráticas.
 
Varios asambleístas enfatizaron que el debate no debe centrarse en posiciones ideológicas, sino en la protección de derechos, la autonomía personal y la dignidad en condiciones extremas. También se resaltó la importancia de no desvincular esta discusión de la necesidad de fortalecer el sistema de salud pública y garantizar el acceso a cuidados paliativos.
 
Tras la intervención de 12 legisladores, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, cerró el debate y dispuso que el proyecto regrese a la Comisión del Derecho a la Salud para la elaboración del informe para segundo debate. La Comisión continuará el análisis del proyecto incorporando aportes de legisladores, ciudadanía, academia y sectores de la salud, con el objetivo de construir una normativa equilibrada, responsable y acorde a la realidad del país, ha informado la Asamblea.
 
Las posiciones legislativas
El presidente de la Comisión, Juan José Reyes, ha recalcado que el proyecto responde al mandato de la Corte Constitucional, tras la sentencia No. 67-23-IN/24, que determinó la inaplicabilidad del delito de homicidio en contextos de eutanasia con consentimiento libre e informado. Subrayó que la propuesta aborda el tema con rigor técnico, jurídico y humano.
 
El proyecto unificó varias iniciativas previas y estableció dos modalidades: eutanasia voluntaria y voluntaria anticipada. Define requisitos como mayoría de edad, capacidad de decisión, diagnóstico de enfermedad grave e incurable o lesión irreversible, y la existencia de sufrimiento intenso, además de la obligación de contar con consentimiento informado y acceso a cuidados paliativos.
 
La propuesta contempla un procedimiento controlado, con evaluación de comités especializados y protocolos médicos que garanticen seguridad jurídica tanto para pacientes como para profesionales de la salud. También reconoce derechos como información clara, confidencialidad, posibilidad de revocar la decisión y acceso a tratamientos paliativos.
 
El dato
 
Cabe recordar que esta normativa tiene como antecedente el caso de Paola Roldán, que marcó un hito en el país al impulsar la discusión sobre el derecho a una muerte digna. Posteriormente, el Ministerio de Salud emitió un reglamento provisional y en mayo de 2025 se registró el primer procedimiento oficial en Ecuador.

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