Edición Médica

Organizaciones de la sociedad civil buscan despenalizar su uso.

Redacción. Quito
La Comisión Calificadora de la Asamblea Nacional (AN) ha conocido el ‘Proyecto de Ley Orgánica para la regulación integral del uso responsable de cannabis en Ecuador’, una iniciativa presentada por la Red Acción Cannábica del Ecuador (Red Can Ecuador) que busca regular la producción, comercialización y uso del cannabis en el país.
   
Cabe recordar que el 3 de septiembre, la Secretaría General de la Asamblea Nacional remitió el proyecto a los legisladores, Milton Aguas, Jhajaira Urresta y Eliana Correa, integrantes de esta comisión especial, en cumplimiento de los artículos 103 de la Constitución de la República, 8, 9 y 10 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que establecen el procedimiento para el trámite de las iniciativas populares normativas.
 
Esta comisión debe revisar si la propuesta cumple con los requisitos para continuar el trámite. Si esto ocurre, Red Cann presentará, en tres meses, 35 mil firmas de respaldo. Hasta el momento cuenta con 20 mil.
 
Cristian Albuja, procurador común de Red Can, ha señalado que la propuesta responde a una necesidad ciudadana y busca libertad, oportunidades económicas, desarrollo y protección ambiental. “Creemos que podemos poner este tema en discusión en beneficio de todo el Ecuador”, ha mencionado.
 
Por su parte, Daniela Onofre, vocera de Red Can, ha presentado los principales lineamientos de la propuesta. Entre ellos resaltan; la regulación de toda la cadena productiva, desde el cultivo hasta la manufactura de productos terminados para consumo humano y animal, su autorización para uso medicinal y adulto, con respaldo de médicos especializados; la implementación de espacios seguros de consumo y programas de reducción de daños y prevención del consumo temprano.
 
Onofre ha insistido en que una economía legal y controlada en torno al cannabis permitirá cortar el financiamiento a organizaciones criminales, generar empleo, diversificar actividades económicas, atraer inversión y aumentar los ingresos fiscales destinados a programas sociales.
 
En ese sentido, ha presentado cifras de recaudación económica, entre 2023 y 2024, en países con mercados canábicos regulados. En Canadá dijo, se han recaudado 16 mil millones de dólares, en Uruguay, 22 millones, en Colombia, 26.5 millones y en Colorado, Estados Unidos de Norte América, 2 mil 59 mil millones.
 
Según la organización, donde existe regulación hay datos confiables y control estatal; en la ilegalidad, en cambio, “son las mafias quienes deciden a quién vender, incluso a niñas, niños y adolescentes”, han declarado en la comisión.
 
Por su parte, Paúl Gutiérrez, delegado de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL), ha informado que el 2 de septiembre se emitió el informe técnico-jurídico no vinculante a los integrantes de la comisión, con la inclusión de observaciones sobre el cumplimiento de requisitos de la iniciativa legislativa, criterios de unidad de materia, estimaciones de impacto económico y presupuestario para el Estado, entre otras.
 
El asambleísta Aguas ha mencionado que, de existir inconsistencias, la comisión notificará a los proponentes y otorgará un plazo de 30 días para subsanarlas, con el fin de evitar posibles inconstitucionalidades. Por su parte, la asambleísta Urresta puntualizó que el análisis se centrará únicamente en la forma del proyecto, no en su contenido de fondo, asegurando el respeto al debido proceso legislativo.
 
El documento, de 23 artículos, también propone la creación del Instituto Nacional de Regulación del Cannabis, que otorgará licencias para la producción y venta; y plantea la existencia de tiendas, dispensarios médicos y clubes de cannabis.

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