Edición Médica

Sesión de la Comisión Permanente del Derecho a la Salud.

Jonathan Veletanga. Quito
En el marco de la construcción del Proyecto de Ley Orgánica para la Atención Integral de las Personas con Obesidad, que está en trámite para segundo debate, la Comisión Permanente del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional ha analizado la pertinencia de las coberturas de los seguros privados de salud en relación a las personas con obesidad.
 
Ante la Comisión han comparecido representantes de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (FEDESEG) y la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Medicina Prepagada (AEEMIP), quienes han dado sus observaciones y propuestas para mejorar el articulado de este proyecto de ley.
 
Sobre la incorporación de nuevas coberturas y obligaciones en los seguros privados y de medicina prepagada, Verónica Rodríguez, abogada representante de la Superintendencia de Compañías, ha explicado que no se pueden establecer nuevas obligaciones sin considerar el impacto técnico y financiero, puesto que esta situación puede comprometer la sostenibilidad financiera del sistema, así como las tarifas de los asegurados y afiliados.
 
Por ello, la abogada espera que no se reincorporen disposiciones que han sido observadas en relación a este ámbito y que ya han sido eliminadas del articulado en análisis previos.
 
Esto no quiere decir que se deje en indefensión el asegurado, pues la normativa vigente (tal y cómo está) está a favor de los afiliados actualmente. En este contexto, Rodríguez ha considerado que sí se debe resguardar la sostenibilidad de este sistema de seguros.
 
Patricio Salas, secretario ejecutivo de FEDESEG, ha coincido con este enfoque, por lo que ha explicado los fundamentos técnicos de coberturas y aseguramiento en el país, como la sostenibilidad actuarial y la garantía de solvencia.
 
En este sentido, ha aclarado que el peso no es una consideración por la cual se regula la cobertura de preexistencias conocidas. De manera que, de cierta forma, actualmente “no está restringido” el acceso a estos seguros por parte de las personas independientemente del peso y sobrepeso, ni las coberturas de cirugías para la obesidad, siempre que se cumplan ciertos requisitos.  
 
“El sector asegurador tiene limitaciones, no podemos asumir todas las responsabilidades. Ojalá pudiéramos, pero hacerlo significaría incrementar drásticamente el costo (recargo de más del 30 por ciento, como mínimo), por lo tanto, la deserción de asegurados sería casi total… Por lo tanto, tratar de prohibir recargos o ajustes, incluir preexistencias sin ningún tipo de condicionamiento, cambia la naturaleza de lo que se está ofreciendo, y eso ya no es seguro”, ha sostenido Salas.
 
A lo que sí se debe apuntar la ley, a través de prevención y educación, es a reconocer las comorbilidades asociadas al sobrepeso y obesidad, con la finalidad de mitigar la aparición y el costo de las comorbilidades severas. “Y pensamos que el proyecto de ley se enfoca hacia esta política de Estado, lo que nos parece bastante importante”, ha mencionado.
 
En su turno, María Fernanda Ulloa, representante de la AEEMIP, ha explicado la diferencia entre prestación de servicios médicos y financiamiento de la salud. Tras ello, ha estimado que incorporar obligatoriamente coberturas adicionales (nuevas) puede generar incrementos en los costos de la atención, así como en las tarifas de los planes de medicina prepagada, con lo cual también se generaría el riesgo de que las personas abandonen sus seguros y, por ende, aumente la demanda del sistema público de salud.
 
Ulloa ha asegurado que hoy en día la Medicina Prepagada cubre alrededor de 500 millones de dólares anuales en prestaciones beneficiando a cerca de 1.5 millones de usuarios. Entonces, ha sostenido que abandonar el financiamiento privado sería contraproducente para el Estado.
 
En este contexto, ha reiterado la importancia de evaluar adecuadamente el impacto económico de las nuevas obligaciones antes de incorporarlas a este proyecto de ley.
 

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