Edición Médica

Ana Delgado Cedeño, directora ejecutiva de ACHPE.

Cristina Coello. Quito
La Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (ACHPE) ha ingresado un alegato en la Corte Constitucional (CC) para que esta verifique el cumplimiento de la sentencia Nº 16-16-JC/20. A través de esta acción ACHPE solicita el pago de la millonaria deuda que mantiene desde 2018 el Ministerio de Salud Pública (MSP) con los Centros Especializados de Diálisis (CED), pertenecientes al gremio.

En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, Ana Delgado Cedeño, directora ejecutiva de ACHPE, ha recordado que, a pesar de la deuda, los CED nunca suspendieron la atención a pacientes derivados, aunque el MSP interpuso medidas cautelares para evitar una posible paralización de servicios.

Avanzado ese proceso judicial, el 30 de septiembre de 2020, la CC constató que las dializadoras nunca suspendieron los tratamientos, por tanto, protegieron los derechos a la salud y a la vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica y ordenó el pago.

Pero la CC también determinó la existencia de una “amenaza al ejercicio de derechos” con carácter estructural puesto que  ésta no se circunscribe a un hecho específico y coyuntural sino que se sustenta en “factores sociales, económicos, culturales o políticos”, como la falta recurrente de pagos a los prestadores de los servicios.

La Corte ha explicado que, “en una amenaza estructural, la institucionalidad encargada de la protección de los derechos, tiende a reproducir o empeorar los factores que causan dicha amenaza, lo que podría vulnerar estructuralmente los derechos de los pacientes”.  Además, señala que la “amenaza estructural tiene relevancia nacional”.

Por ello, ACHPE, en un comunicado oficial, ha recordado que para la CC un factor que pone en riesgo la continuidad del servicio de diálisis y hemodiálisis, es la falta de pago del MSP a los CED, que la Corte dispuso al MEF la previsión de  fondos necesarios para  impedir que la falta de pago mantenga la amenaza al derecho a la salud y la vida  de las personas con insuficiencia renal “denunciada por los mismos Centros y ratificada por varias Delegaciones Provinciales de la Defensoría del Pueblo”.

En ese sentido, Delgado ha recalcado que en la sentencia la CC dispuso un plazo de 15 días para que el MEF y el MSP presentaran un plan para cancelar los valores pendientes y la adopción de un mecanismo permanente para mejorar la oportunidad de los pagos.  

En el comunicado, ACHPE ha reconocido que “el MSP está llevando a cabo aunque con cierto retraso, el proceso de auditoría exigido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para respaldar el financiamiento correspondiente.  Sin embargo, ACHPE también conoce que el MEF no ha proporcionado al MSP, hasta ahora, los fondos suficientes y de manera oportuna para pagar a las instituciones privadas de salud que atienden a los pacientes con insuficiencia renal, según lo establece el artículo 366 de la Constitución ecuatoriana”.

Delgado ha insistido en la difícil situación financiera que atraviesan los prestadores externos de salud por el incumplimiento del Estado.

Detatalle de la deuda.

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