Edición Médica

Serafín Romero, presidente de La Organización Médica Colegial (OMC).

Laura Díez/ Cristina Cebrián. Madrid
La Organización Médica Colegial (OMC), ha señalado que en 2016 aumentaron un 37,12 por ciento los casos de agresión a médicos. En concreto, se produjeron 495, 134 más que el año anterior.

Según la información del Observatorio de Agresiones de la OMC, el 87 por ciento de las agresiones tuvieron lugar en el sistema público, y por especialidades, el 55 por ciento se produjo en Atención Primaria. Por sexos, ellas se llevan la peor parte, acaparando el 58,38 por ciento de los casos.

El informe también ha destacado que el 45 por ciento de las agresiones son insultos y el 41 por ciento amenazas,  además por discrepancias con la atención médica, además el 42,8 por ciento y por el tiempo en ser atendido, el 15 por ciento.

El 55 por ciento de los médicos aseguran que no han recibido asesoramiento por parte de la empresa. Además, en el 68 por ciento de los casos sí se presenta denuncia tras la agresión, y el 74 por ciento de las sentencias han tenido un resultado condenatorio.

El histórico

Desde que se iniciaron los trabajos de recogida de datos del Observatorio, en 2010, se han producido 2.914 casos de violencia contra los médicos. En este sentido, la corporación colegial lamenta que en muchas ocasiones, estas agresiones tienen relación con situaciones que se vienen denunciando, como la masificación de las urgencias, la falta de equidad en la atención sanitaria, el aumento de las listas de espera o la precariedad laboral de los profesionales.

Los representantes de los médicos que han participado en el acto han hecho hincapié en la necesidad de denunciar estas agresiones, y recuerdan la importancia que ha tenido el cambio del Código Penal para reconocer al médico como autoridad, y los convenios firmados con fiscalías y administraciones de las Comunidades Autónomas para castigar penalmente estos delitos, aunque reclaman mayor unidad de criterios.

Las autoridades

Javier Castrodeza, secretario general de Sanidad, ha dicho que “son actos que debemos rechazar de una sociedad responsable y moderna. Los profesionales trabajan en beneficio de la salud de las personas. Tenemos mucho recorrido por hacer, esto es una responsabilidad de todos. Tenemos un excelente Sistema Nacional de Salud (SNS) y nos lo tenemos que creer, y unos excelentes profesionales dentro del sistema, y nuestra obligación como ciudadanos es respetar su trabajo y contribuir a que estas cosas no ocurran".

En nombre del Ministerio, Castrodeza ha asegurado que este tema se va a llevar en las próximas convocatorias de la Comisión de Recursos Humanos del SNS para ver en qué medida se han cumplido sus objetivos o qué hay que cambiar en caso de que no se hayan conseguido. Además, ha ofrecido su total colaboración para revertir estos datos. "Ya estamos en una situación de normalidad política. Ha habido reuniones para tomar medidas que faciliten que la Policía y la Guardia Civil colabore para que estas cifras se vayan disminuyendo", ha anunciado.

Por su parte, Serafín Romero, en su primer acto oficial como presidente de la OMC, ha explicado que la precariedad laboral es lo que hace que mermen los principios de atención y confianza que guían la relación médico-paciente, y ha alertado de la tendencia a que las Urgencias pasen a ser la puerta de entrada a la sanidad, mientras que antes era la Atención Primaria. "El entorno de la relación con el paciente no está en el mejor momento. La mayoría vienen a consulta por miedo y soledad. Esto se soluciona con tiempo y confianza, en definitiva, con la relación médico-paciente", ha asegurado.

El problema en el sector privado

Según José Alberto Becerra, coordinador del Observatorio de Agresiones de la OMC, de momento el problema está también en que el reconocimiento del médico como autoridad se limita a la esfera pública, mientras que el sector privado queda desprotegido. Sin embargo, una reciente sentencia ha abierto el camino al considerar que aunque la agresión se produjera en el ejercicio privado, el médico era igualmente una autoridad, como establece el Código Penal.

Javier Castrodeza ha admitido que nunca ha sido agredido, ni en la práctica clínica ni en su vida política, tanto Romero como Garrote si han tenido experiencia en este ámbito. "Sólo una vez, con amenazas e insultos, y reconozco que no actué debidamente porque entré en discusión, pero aprendí que no había que contestar así", afirma el presidente. "Me amenazaron en el transcurso de una urgencia, pero creo que lo supe manejar y se solucionó bien", ha dicho Garrote.

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