Edición Médica

William Díaz, director de la Asociación Unámonos.

Cristina Coello. Quito
“¿De qué sirven las denuncias si eso no ha llevado a nada? La Constitución estableció derechos para las personas con discapacidad, pero esos derechos se diluyen en procesos (internos de investigación al personal sanitario)", se ha quejado William Díaz, director administrativo de la Asociación Unámonos, de personas con discapacidad y enfermedades catastróficas.
 
A la consulta de EDICIÓN MÉDICA sobre el número de procesos legales relacionados al mal trato a este grupo prioritario de la población por parte de profesionales de la salud durante la atención en los centros de salud y hospitales, Díaz ha manifestado que “son años de quejas” y de ver con impotencia que no hay sanciones para los responsables incluso de mala práctica médica.
 
“He presentado denuncias, incluso con videos y los gerentes solo disponen investigaciones a cargo del mismo personal de la institución o de talento humano y eso no llega a nada porque no son independientes y se perpetúa el maltrato”, ha insistido el representante de Unámonos.
 
Según ha detallado, enfermeras, médicos y hasta los guardias de las instituciones del sistema de salud pública han sido protagonistas de maltrato psicológico y verbal. “Hay madres que tienen miedo de ir al médico luego de una consulta traumática en la que fueron insultadas, en vez de ser guiada o aconsejada cuando un profesional identifica alguna falla”, ha declarado.
 
Díaz, que también coordina el Frente Nacional de Personas con Discapacidad y personas de atención prioritaria, ha recordado que la mayoría de estas personas solo tienen al sistema público como alternativa de acceso al derecho a la salud. Y con todas las limitaciones que enfrentan se encuentran con un sistema poco amigable con sus circunstancias y altamente violento.
 
“Los médicos y todo el personal deben entender a sus pacientes con discapacidad (especialmente intelectual)” o adultos mayores porque muchos de ellos acuden solos a la consulta y ni siquiera tienen orientación en la tramitología necesaria, peor comprensión cuando, por ejemplo, de horarios se trata, ha añadido Díaz.
 
Por ello, y a propósito del anuncio de evaluaciones a los servidores públicos, la Asociación Unámonos también “exige” una evaluación “urgente” tras los “reiterados casos de negligencia y maltrato hacia personas con discapacidad y enfermedades catastróficas”.
 
Esta organización ha emitido un pronunciamiento público en el que “exige al Gobierno Nacional del Ecuador una evaluación integral y urgente del personal del sistema de salud público y privado”.
 
Según Díaz, “falta de preparación, sensibilidad y actualización profesional”, lo cual se demuestra en el constante maltrato psicológico y verbal, discriminación sistemática, actos de negligencia médica, atención deshumanizada e inadecuada, ha insistido.
 
“No podemos seguir permitiendo que personas vulnerables estén en manos de personal que no está preparado ética ni técnicamente para atenderlas. Exigimos una evaluación técnica y ética del talento humano en salud. Y si hay que renovar, que se renueve. Lo hacemos por el bien de los pacientes y por el prestigio de los buenos profesionales”, ha mencionado el representante de Unámonos.
 
Díaz ha dejado claro que sí existe un marco legal que los ampara, y, es la Constitución del Ecuador, la Ley Orgánica de Salud y la Ley Orgánica de Discapacidades, las cuales garantizan atención con calidad, calidez y trato preferente a las personas con discapacidad y enfermedades catastróficas.
 
En ese sentido, la organización ha propuesto al Ejecutivo la creación de una Comisión Técnica Nacional para evaluar y auditar el desempeño del personal de salud, con participación de organizaciones sociales, expertos independientes, la Defensoría del Pueblo y asociaciones de pacientes.
 
“Este no es un ataque contra los trabajadores de la salud. Es un llamado a dignificar la atención médica y proteger a quienes más lo necesitan”, ha aclarado la asociación.
 
Para Unámonos, la situación que atraviesan estas personas “no solo atenta contra la salud de miles de ecuatorianos, sino que pone en riesgo la confianza en el sistema de salud y desvaloriza el trabajo de profesionales comprometidos”.

 
Finalmente, Díaz ha recalcado que su organización ha puesto en conocimiento estas dificultades en los diferentes distritos de salud e incluso aseveró que “los mismos gerentes de los hospitales están al tanto de esto, pero les justifican a los médicos por la gran cantidad de pacientes” que tienen en agenda.

---