Edición Médica

Virginia Gómez de la Torre, Soledad Angus y Rocío Rosero.

Cristina Coello. Quito
En rueda de prensa virtual, Virginia Gómez de la Torre, una de las representantes del movimiento de mujeres, ha conminado a la Corte Constitucional a dar trámite a las dos demandas planteadas desde el año pasado y que piden definir una resolución sobre la despenalización del aborto en caso de violación. 
 
La activista ha recordado que los procesos fueron admitidos (en junio y diciembre) y que son prioritarios ya que son “demandas que aluden a una emergencia social como es la violencia a niñas”, y que la Corte puede adelantar una resolución ya que también “estamos en un estado de emergencia sanitaria producto de la pandemia” de CoVID19.
 
“Entonces, la Corte debería abrir las audiencias y empezar a trabajar la resolución y ver si finalmente se despenaliza el aborto en caso de violación en el Ecuador”, ha insistido Gómez de la Torre.
 
Millones de embarazos no deseados
 
La defensora de los derechos de las mujeres ha informado que durante los meses de confinamiento y emergencia sanitaria por el CoVID19 se ha registrado una disminución en la demanda de los distintos métodos anticonceptivos y por lo tanto existe suficiente stock de algunos de ellos.
 
Sin embargo, “sabemos de dificultades sobre todo en el área rural y la Amazonía donde no hay acceso a anticonceptivos producto de la pandemia y dificultades del sistema de llegar a esos lugares. Eso muestra una débil y precaria atención primaria que no ha podido dar una respuesta a esas mujeres”, ha dicho.
 
Producto de ello “vamos a tener un incremento de embarazos no deseados. No sabemos a qué nivel será en el país, pero las estimaciones internacionales indican que entre 7 y 11 millones de embarazos no deseados se producirían producto de la pandemia”, ha mencionado la activista.
 
El Ecuador tendrá que hacer su evaluación luego, pero eso implica una “depredación a los proyectos de vida de muchas niñas y mujeres ecuatorianas” y es un tema que fue alertado por dos informes de Naciones Unidas que conminaban al país a despenalizar el aborto por violación en Ecuador, ha añadido, Rocío Rosero otra activista.
 
“Las vulnerables somos la mitad de la población del país que estamos trabajando sin cuidados y asumiendo una carga de trabajo enorme; sin acceso a métodos anticonceptivos; sin asistencia a las víctimas de violencia; con la reducción de los servicios de atención a la violencia para niños, niñas, adolescentes y mujeres. Ya basta del discurso de que están trabajando por los más vulnerables” cuando no lo están haciendo, ha reclamado Rosero.
 
Las defensoras han advertido que estarán pendientes de las acciones de la Corte Constitucional y que no aceptan “la naturalización de la violencia en la denominada nueva normalidad. Nosotras vamos a seguir haciendo incidencia y llegaremos hasta las últimas consecuencias porque el Estado debe proteger los derechos de todas las personas y más en situación de pandemia”, ha añadido la activista.

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