Edición Médica

Virginia Gómez de la Torre, directora de Fundación Desafío.

Jonathan Veletanga. Quito
La Fundación Desafío ha presentado la investigación “Vidas Robadas II: Una respuesta incompleta del Estado al embarazo infantil, no es respuesta”, en la cual se ha hecho un análisis de las acciones estatales en un servicio público de tercer nivell del Sistema de Salud.
 
El estudio demuestra que, si bien los médicos atienden complicaciones y salvan las vidas de las niñas con embarazos forzados, producto de violación o no, “hay una vulneración total y absoluta a sus derechos”, esto a pesar de que el Estado ecuatoriano tiene un sin número de leyes y marcos jurídicos, ha comentado a REDACCIÓN MÉDICA Virginia Gómez de la Torre, responsable de la investigación.
 
“Es muy injusto lo que está pasando con las niñas embarazadas y violadas. Hay muchas contradicciones en la atención”, ha enfatizado.
 
En este sentido, De la Torre ha manifestado que en esta investigación se ha encontrado el incumplimiento del marco jurídico nacional e internacional, de las recomendaciones emitidas por cinco comités de expertos pertenecientes de Naciones Unidas, así como de leyes específicas que sancionan los delitos sexuales como por ejemplo el COIP, Código de la Niñez y Adolescencia, y la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En estos casos, no se operativiza la Guía de Práctica Clínica para la Interrupción terapéutica del Embarazo.
 
“Además, el Estado no cumple con sus propias políticas y estrategias para enfrentar el embarazo no deseado, ni con las políticas para enfrentar una vida libre de violencia y operativizar los derechos sexuales y reproductivos recogidos en la política de Salud Sexual y Reproductiva”, ha agregado.
 
Atención de las niñas embarazadas
 
En cuando a la atención por parte de los profesionales de la salud, De la Torre ha señalado que se ha encontrado que las niñas embarazadas, son atendidas como “cualquier mujer adulta”, y en los casos de violación, el Sistema de Salud no denuncia la violencia, con lo cual, el Estado se convertiría en “cómplice del violador”.
 
Otro hallazgo es que el embarazo no está naturalizado en el personal de salud, aunque paradójicamente está naturalizado en la forma como las atienden, es decir, que a pesar de que están conscientes de que el embarazo en una niña menor de 14 años es algo “terrible”, las atienden como si el embarazo fuera natural, ha indicado.
 
Además, cuando llegan “a tiempo” son incorporadas al programa de Adolescentes Embarazadas que tiene una propuesta diferenciada, es decir, cuenta con una psicóloga, trabajadora social, ginecólogo y la preparación para el parto, ya que el objetivo es disminuir la carga de temor y de poca colaboración en el momento del parto, y adicionalmente lograr una aceptación del embarazo, independientemente de su origen.
 
De esta manera, en Ecuador “se las invisibiliza a las niñas embarazadas puesto que se las mimetiza en el embarazo adolescente”, ha dicho De la Torre.
 
Asimismo, las niñas embarazadas desaparecen en la terminología médica hospitalaria porque se convierten en “madres y señoras”, según el estudio.
 
Causal Salud
 
Ante esta realidad, la Fundación Desafío plantea el concepto de ‘Causal Salud’, que es una “respuesta” para acercar a las niñas y mujeres a interrupciones legales del embarazo en los servicios públicos de salud, cuando éste ponga en riesgo su salud, ha expresado De la Torre.
 
Embarazos adolescentes en Ecuador
 
Según esta investigación, en los últimos 10 años se ha registrado un aumento del 74 por ciento en embarazos infantiles. En promedio alrededor de 2.000 niñas, entre 10 y 14 años, se embarazan al año. Solo en 2016, 2.960 niñas han acudido a los servicios de salud debido a su embarazo y complicaciones, de estas, 1.700 parieron.
 
Además, 17.448 niñas menores de 14 años parieron en Ecuador entre 2009 y 2016, la mayoría víctimas de violación, pero no registradas como tal, según un estudio denominado “Niñas invisibles de Ecuador”, realizado por el colectivo Wambra Radio.

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