Edición Médica

Presentación de la nueva política nacional.

Redacción. Quito
El Ministerio de Salud Pública (MSP), con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ha presentado la Política Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2026-2030.
 
Se trata de una política que tiene el propósito principal de garantizar una atención en salud integral, equitativa, digna y de calidad para todas las personas en el país y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos en todas las etapas de la vida.
 
“La salud sexual y la salud reproductiva son pilares insustituibles de nuestro bienestar, del desarrollo humano y del ejercicio pleno de los derechos humanos… Este no es solo un documento normativo; es un instrumento estratégico diseñado para transformar la atención integral en todo el Sistema Nacional de Salud, con una propuesta pensada por y para las personas, orientada a dar respuestas concretas a sus necesidades reales”, ha expresado Wendy Gavica, viceministra de Atención Integral en Salud del MSP.
 
En este sentido, Mario Iraheta, representante del UNFPA en Ecuador, ha mencionado la importancia de “garantizar la salud sexual y reproductiva es una condición indispensable para proteger la vida, promover la autonomía y asegurar el bienestar de todas las personas. Reconocemos el avance del Ministerio de Salud por el lanzamiento de esta política que beneficiará a todo el Ecuador”.
 
"Desde el UNFPA reiteramos la voluntad de acompañar al Ecuador en este nuevo ciclo. El Ministerio de Salud cuenta con nuestro compromiso para aportar evidencia científica, asistencia técnica y experiencia internacional, y para promover espacios de diálogo que articulen capacidades en favor de la población", ha enfatizado.
 
¿Cuáles son los ejes de acción de esta política nacional?
 
Esta política es una nueva hoja de ruta estratégica que responde a las necesidades actuales del Ecuador y aborda, de manera prioritaria, la reducción de las brechas de acceso derivadas de desigualdades socioeconómicas, de género, culturales y territoriales.
 
Asimismo, establece un modelo de salud enfocado en la prevención de riesgos obstétricos, la protección de la salud materna, la reducción del embarazo en adolescentes y la mortalidad materna evitable. Asimismo
 
También contempla la prevención, detección y atención integral del VIH, las infecciones de transmisión sexual y los cánceres relacionados con la salud sexual y reproductiva, además de la atención integral a personas víctimas de violencia.
 
Para UNFPA, esta política se traduce en un acceso más amplio y gratuito a métodos anticonceptivos modernos y a asesorías oportunas en planificación familiar, lo que permitirá decidir de forma libre, voluntaria e informada sobre cuándo y cuántos hijos tener.
 
Y para las mujeres gestantes contarán con un acompañamiento integral antes, durante y después del parto, enfocado en lograr maternidades seguras, además de recibir atención oportuna y de calidad en casos de complicaciones.
 
Las y los adolescentes contarán con un beneficio directo mediante el fortalecimiento de los Servicios de Salud Integrales y Amigables para Adolescentes que brindan atención integral, amigable, diferenciada, de calidad y confidencial en salud sexual y salud reproductiva.
 
Asimismo, contempla el incremento de profesionales capacitados en la atención de la violencia basada en género y la mayor presencia de obstetrices y obstetras en los centros de salud, que fortalecerán el vínculo de confianza con la comunidad.
 
En el ámbito de la salud preventiva, impulsará un mayor acceso a pruebas diagnósticas y tamizajes de alta precisión en toda la red pública de salud, orientados a la detección temprana del cáncer cervicouterino, cáncer de mama y cáncer de próstata, contribuyendo significativamente a reducir las tasas de mortalidad por estas enfermedades.
 
De igual forma, se contemplan acciones específicas para atender las necesidades de poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, como personas con discapacidad, personas en movilidad humana, personas de pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes, personas adultas mayores, la diversidad sexogenérica y otras poblaciones prioritarias.

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