Edición Médica

La instrucción fiscal se extiende por treinta días más.

Redacción. Quito
Otros cuatro exfuncionarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC) y cuatro proveedores más han sido vinculadas por la Fiscalía al proceso que lleva a cabo por presunta responsabilidad en el delito de peculado en convenios de pago en la compra de insumos médicos y medicamentos, durante el período comprendido entre enero de 2015 y enero de 2018, cuyo perjuicio al Estado ascendería a 11.905.318,25 dólares, según un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado.
 
La jueza de Garantías Penales Marcela Ortega ha dictado arresto domiciliario, prohibición de salida del país y uso de dispositivo electrónico de vigilancia para Francisco Javier S. J., Janet Alexandra P. O. y Judith Josefina A. O.
 
Además, ha dispuesto prohibición de salida del país y uso de dispositivo electrónico para Hugo César V. F.; arresto domiciliario y prohibición de salida del país para Javier Rolando V. Ch.; comparecencia ante Fiscalía todos los días lunes, prohibición de salida del país y uso de dispositivo de vigilancia electrónica para Raúl Bolívar P. T.; presentación cada quince días en Fiscalía y prohibición de salida del país para María Rebeca C. E.; prohibición de salida del país y uso del dispositivo de vigilancia electrónica en su lugar de residencia (Quito) para Carlos Augusto L. R.
 
En la audiencia de vinculación, el fiscal Nelson Macías Miranda ha presentado varios elementos de convicción, entre ellos, el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado, en el período comprendido entre enero de 2015 y enero de 2018, pericias contables y de contratación pública, reportes tributarios emitidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI), oficio y memorándum emitidos por la casa de salud con relación a las autorizaciones previas para la suscripción de convenios.
 
Además del informe ejecutivo emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), las certificaciones emitidas por la Agencia de Regulación y Control de Vigilancia Sanitaria (ARCSA), las acciones de personal de los funcionarios a la fecha del período investigado y las versiones rendidas en la Fiscalía.
 
La Fiscalía inició el 17 de julio de 2019 una investigación por presunto peculado. El 14 de mayo de 2021 procesó a ocho personas, entre ellas, algunos exfuncionarios de esa casa de salud. Tras esta nueva vinculación la instrucción fiscal se extiende por treinta días más.

---