Edición Médica

Comisión de Salud.

Redacción. Quito
En la Asamblea Nacional, en el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica para la Atención Integral de las Personas con Obesidad, la Comisión del Derecho a la Salud ha recibido los aportes de representantes del Centro de la Industria Láctea (CIL) y de la Asociación de Porcicultores del Ecuador (ASPE), quienes han expuesto sus observaciones y la necesidad de sustentar las políticas alimentarias en evidencia científica y criterios nutricionales objetivos.
 
Domenica Robayo, asesora legal de la CIL, ha respaldado la prevención de la obesidad y la promoción de una alimentación saludable, pero ha advertido sobre la importancia de abordar integralmente los problemas de malnutrición que enfrenta el país, entre ellos la desnutrición crónica infantil, la anemia y las deficiencias de micronutrientes.
 
En este sentido, ha presentado varias observaciones como el nivel de procesamiento de los alimentos que no debe utilizarse como criterio aislado para determinar su calidad nutricional; aporte de la leche y sus derivados en proteínas, calcio y vitaminas, y solicitó armonizar el proyecto con la legislación vigente.
 
Además, ha planteado que cualquier actualización del etiquetado nutricional considere la composición y el valor nutricional de los productos, además de su procesamiento para evitar interpretaciones incompletas por parte de los consumidores.
 
Estefanía Loaiza, directora ejecutiva de ASPE, ha explicado que la obesidad es un problema de salud pública que requiere prevención, educación nutricional, actividad física, diagnóstico y atención integral. Por ello, ha señalado que Ecuador enfrenta una doble carga de malnutrición, por lo que las políticas públicas deben garantizar el acceso a alimentos nutritivos y equilibrados.
 
La representante del sector porcicultor, ha planteado revisar las categorías de alimentos procesados y ultraprocesados, así como establecer parámetros técnicos para la regulación de la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes, delimitar las competencias de las autoridades sanitarias y reconocer la importancia de las proteínas de alto valor biológico en la alimentación.
 
También ha solicitado incorporar mecanismos de consulta pública, análisis de impacto regulatorio y revisión periódica de las disposiciones, con la finalidad de evitar efectos desproporcionados sobre la producción nacional, el empleo y las pequeñas y medianas empresas.
 
Durante el debate, la asambleísta Cristina Jácome ha considerado que los sellos de advertencia deben constituir herramientas de información y protección de la salud pública, no mecanismos para estigmatizar determinados productos.
 
En este sentido, ha enfatizado que su aplicación debe responder a parámetros técnicos y considerar las particularidades nutricionales de cada alimento. Mientras que ha destacado la participación de los gremios en las mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de Salud Pública para aportar a la construcción de criterios adecuados.

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