Edición Médica

Rocío Rosero, de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Pablo Villarroel, de la Red Ecuatoriana de Fe, Virginia Gómez de la Torre, de Fundación Desafío.

Jonathan Veletanga. Quito
“El aborto por violación ya es legal en Ecuador”, han sostenido organizaciones feministas y de mujeres, en rueda de prensa.
 
Virginia Gómez de la Torre, de Fundación Desafío, ha manifestado que la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional está elaborando la ley orgánica de interrupción del embarazo por violación  tomando en cuenta diversas posiciones, tanto de expertas, organizaciones feministas como de grupos que están en contra. Tiene un plazo de 3 meses para tratar esta propuesta.
 
Pero, mientras esta ley se promulgue, Gómez de la Torreo ha sido enfática en recalcar que “el aborto por violación es legal en el Ecuador, la Corte lo ha dicho claramente. En este momento, las mujeres, niñas y adolescentes violadas que necesiten finalizar un embarazo pueden acudir al sistema de salud y solicitar una interrupción. El Ministerio de Salud ya está respondiendo a esos pedidos… Hasta que la ley salga, la sentencia se ejecuta.”.
 
La activista ha mencionado que la ley que se está elaborando en la Asamblea es necesaria para que se instaure formalmente este derecho. Por ello, espera que se produzca una “ley integral” y que el presidente de la República la respete cuándo sea promulgada.
 
El pasado 28 de abril de 2021, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación. Ahora, la obligación de los asambleístas es “aprobar una ley que responda a la realidad de las víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual en el país, y que resuelta su situación; aprobar una ley que repare los derechos de las víctimas de violación y de embarazo forzado; aprobar una ley interseccional con enfoque diferencial, con pertinencia cultural y territorial… Aprobar una ley sin obstáculos”, ha enfatizado Rocío Rosero, de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador.
 
Rosero ha recordado que el proceso de legalización del aborto por violación en el país ha sido largo, con varias etapas, en el cual también se han presentado una serie de obstáculos.
 
“Este proceso histórico tiene como base la demanda del derecho a decidir de las mujeres, es decir, la autonomía de las mujeres, la autonomía física, la autonomía para decidir sobre nuestros propios cuerpos. Esto implica un conjunto de obligaciones en materia de política pública y protección integral de derechos”, ha dicho.
 
Para Rosero, esta ley no debe ser ambigua, tampoco debe contener requisitos ni plazos (el tiempo de gestación debe ser tomado en cuenta para elegir el procedimiento médico a realizar) que obstaculicen, entorpezcan y dilaten el acceso el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, es decir, a un aborto seguro.
 
Por el contrario, tiene que señalar con absoluta claridad y contundencia los deberes del personal médico y regular la objeción de conciencia. Asimismo, debe garantizar el acceso a los avances científicos relacionados con la salud reproductiva.
 
“Hay que exigir la aprobación, la disponibilidad y la accesibilidad al misoprostol y la mifepristona, que son tecnologías eficaces para salvar la vida de las mujeres y mejorar la atención en la salud”, ya que una distribución adecuada de estos medicamentos puede ayudar a disminuir la morbilidad de las mujeres.
 
“La Asamblea Nacional tiene que incluir en la ley una disposición para que el Ministerio de Salud incluya en el cuadro de medicamentos a la mifepristona”, ha puntualizado Rosero.
   
 

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