Edición Médica

La instrucción fiscal durará 90 días.

Redacción. Quito
Con base en los elementos recabados durante la investigación previa, la Fiscalía General del Estado ha formulado cargos contra Paúl M. y María A. por el delito de falsificación y uso de documento falso.
 
La jueza Jesenia del Rocío Hidalgo, de la Unidad Judicial Penal 2, ha ordenado la prohibición de ausentarse del país, obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad competente y medidas de cautelar de carácter real, como la prohibición de enajenar bienes inmuebles.
 
Las dos personas son investigadas por las irregularidades denunciadas en relación a la emisión y obtención de un carné de discapacidad, emitido en el Centro de Salud Nro. 7 Mapasigue, en Guayaquil.
 
María A. se desempeñaba como médica calificadora de discapacidad del Ministerio de Salud Pública (MSP) y Paúl M. es un funcionario público que se benefició de la obtención del documento.
 
Ana Hidalgo, agente fiscal de la Unidad Nacional Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional Nº 1, ha presentado como elementos de convicción: la denuncia presentada por parte del MSP; el informe técnico de auditoría elaborado por el equipo de monitoreo y control del MSP, en el que se determina que la calificación de discapacidad se realizó de manera irregular; versiones de los profesionales del equipo de auditoría, certificaciones remitidas por el MSP, con las cuales se determina que no existe constancia documental que respalde la calificación que fue subida al Sistema Informático en Línea.
 
A estos se suman: una certificación de la Senae sobre la importación de un vehículo utilizando la condición de discapacidad, la certificación del Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre la rebaja de impuestos del vehículo, varias certificaciones de instituciones en las que el beneficiario utilizó el carné de discapacidad, el informe médico al beneficiario del carné, emitido por un médico traumatólogo de un hospital de la red de salud pública; entre otros.
 
La Fiscalía ha solicitado la retención del automotor que fue importado por uno de los procesados usando su carné de discapacidad, sin embargo, la Magistrada no ha dado paso al pedido, pero dispuso la prohibición de enajenar el vehículo.
 
El dato
 
La instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días.
 
Los implicados en este caso son procesados según el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), incisos 1 y 3, en el caso de Paúl M.; e, inciso 1, en el caso de María A., cuyas penas previstas van de cinco a siete años de prisión.

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