Edición Médica

Asambleísta Ángel Maita.

Redacción. Quito
El asambleísta Ángel Maita junto a la Fundación Casa Sofía, ha presentado el proyecto de Ley Siguen Siendo Niñas que propone una reformatoria a varios cuerpos legales normativos para la protección para niñas y adolescentes en situación de embarazo o maternidad.
 
Según el legislador, la propuesta ha sido motivada, entre otros aspectos, porque en la región andina, Ecuador es el segundo país con más embarazos adolescentes con una tasa de 77.3 embarazos por cada 1.000 adolescentes, la mayoría de ellos en zonas rurales, lo que denota la falta de gestión por parte del Estado para hacer cumplir la ley y reparar a las niñas víctimas de abuso sexual.
 
Maita ha advertido que el informe del Fondo de Naciones Unidas para la Población señala que “el embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana son fenómenos que impactan fuertemente en la trayectoria de vida de miles de mujeres en América Latina e incluso en las economías nacionales”.
 
Por ello, las reformas asegurarán la protección integral y consolida la no revictimización en niñas y adolescentes en situación de embarazo o maternidad en procesos penales, es decir, prohíbe el ejercicio de cualquier tipo de categorías discriminatorias y todas las acciones y omisiones del Estado, para evitar la lesión continuada o reiterativa de sus derechos.
 
También busca la creación de proyectos de vinculación de las instituciones de educación superior en beneficio de este grupo vulnerables; determina que las instituciones de educación en todos los niveles garantizarán la continuidad del proceso de estudios de las niñas y adolescentes en situación de embarazo o maternidad, a través de aplicación de mecanismos de acción afirmativa.
 
Asimismo, obliga a los ciudadanos a presentar una denuncia ante la autoridad competente, cuando en el desempeño de su actividad conocieren la comisión de un presunto delito de obstrucción de la justicia, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de tráfico de influencias, testaferrismo, sobreprecios en contratación pública, lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada, actos de corrupción en el sector privado, acoso sexual, abuso sexual y demás delitos contra la integridad sexual y reproductiva, en especial cuando las víctimas sean niños, niñas y adolescentes.
 
 
De conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el proyecto será conocido por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) que, luego de la calificación, remitirá a una de las comisiones especializadas para su estudio.
 

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